Con las acusaciones de manipular auditorías para proteger exfuncionarios y la designación de un juez para instruir la sumaria el sometimiento a la justicia de los miembros de la Cámara de Cuentas está más que a la vista.

Para evidenciar más las supuestas irregularidades que les atribuye la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) los funcionarios se han desligado de manera individual de los casos o han intercambiado acusaciones.

La Pepca no ha detallado cada caso en particular, pero los señalamientos que ha hecho colocan al presidente Hugo Álvarez Pérez y los demás integrantes en una incómoda posición.

El organismo fiscalizador de los fondos públicos lo componen, además de Álvarez Pérez, Pedro Ortiz Hernández, Carlos Tejeda Díaz, Margarita Melenciano Corporán y Félix Álvarez Rivera.

Tras la destitución y renuncia de los integrantes de la Cámara de Cuentas en 2007, la entidad, cuya credibilidad ha sido siempre cuestionada, no había sorteado otro escándalo como el actual.

En lugar de señalar las irregularidades en que incurren incumbentes de entidades públicas sus miembros, como en el presente caso, son acusados de maquillar y manipular las auditorías para protegerlos.

La designación de la magistrada María Garabito Ramírez para instruir el proceso coloca a los miembros de la Cámara de Cuentas en la cuerda floja dada la gravedad contra ellos que ha formulado el Ministerio Público.