Editorial

Justicia

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Con retraso de hasta diez años, el Poder Ejecutivo anunció  ayer que  otorgará pensiones laborales a  más de dos mil 200  antiguos obreros de ingenios azucareros estatales, quienes además de entregar sus mejores años en  campos cañeros y factorías azucareras cotizaron por muchos años parte de sus salarios al viejo sistema de seguridad social.

El vicepresidente de la República, doctor Rafael Alburquerque, dijo que el  Gobierno desembolsará unos diez millones de pesos mensuales para  cubrir  los  fondos que requerirán  esas jubilaciones que debería tener efecto retroactivo, en razón de que muchos de esos trabajadores llevan años esperando por esa reivindicación.

Se requiere ahora que el presidente Leonel Fernández firme  el decreto  con la aprobación de esas pensiones,  para que se ponga fin o se alivie un drama humano que puso al desnudo una crasa situación de injusticia social que desdice mucho de los reiterados cantos de progreso y equidad.

Por más de un siglo, la industria azucarera estatal fue espina dorsal de la economía y la generación de esas riquezas estuvo básicamente en la fuerza de trabajo de  varias generaciones de trabajadores, cuyo único beneficio de retiro ha sido la  condena  a morir o malvivir  en medio de la más abyecta miseria.

Aunque tarde, se acoge con regocijo la noticia de que  esos venerables  antiguos trabajadores  cañeros recibirán  el beneficio de una modesta pensión, derecho que había sido conculcado por más de una década.     

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