La sorpresiva cancelación del fiscal adjunto Gerinaldo Contreras, responsable de los sectores Cristo Rey, La Puya e Isabel Villas, ha estremecido a comunidades que hoy claman por justicia. Su destitución no solo es un atropello, sino un acto que deja al descubierto las sombras que se tejen tras los muros de la institucionalidad.

¿Cómo entender que en un gobierno que se proclama moderno y revolucionario, los jueces y fiscales favorezcan sistemáticamente a los poderosos, amparados en el dinero y en el cinismo legal?

Nuestro caso tiene nombre y rostro: una persona que por más de siete años ha instaurado un régimen de terror judicial contra sus propios vecinos. Con el respaldo de abogados sin escrúpulos ha tergiversado hechos y sembrado confusión sin el menor remordimiento.

El objetivo: apoderarse, junto a una red delictiva, de terrenos del cinturón verde para fines inmobiliarios.

La evidencia es contundente. En varias grabaciones se escucha una confabulación para crear una directiva falsa de la Junta de Vecinos.

Un video muestra a más de 50 actores —ninguno residente del área— participando en una supuesta asamblea, orquestada para nombrar una falsa directiva de no residentes en el sector y otros acusados delitos inmobiliarios.

En otros audios se trata de convencer al administrador judicial para que continúe con el fraude. El administrador, al sentirse amenazado llamó a Gerinaldo quien inmediatamente actuó con firmeza, deteniendo a varios implicados.

Sin embargo, la Inspectoría del Ministerio Público ignoró las pruebas, escuchó solo a los agresores y los sancionó en una investigación que huele a venganza y complicidad.

A esta red se suman fiscales, alguaciles y notarios, cuyos nombres figuran en los audios y videos. Los abogados involucrados no solo fabrican testigos y extorsionan en los tribunales, también manipulan la opinión pública con notas que algunos medios reproducen sin verificación.

Gerinaldo Contreras no merece ser destituido, sino respaldado por un Ministerio Público que dice luchar contra la corrupción.

Autoridades como Rosalba Ramos y Yeny Berenice deben garantizar justicia y desmantelar esta estructura mafiosa.

Es hora de que la justicia deje de ser ciega… o al menos, que no cierre los ojos cuando el poder la corrompe.