Poder Judicial
Santo Domingo.– La República Dominicana se posiciona en el puesto 76 de 143 países en el Índice de Estado de Derecho 2025 del World Justice Project, con una mejora en su sistema de justicia de 2.1 % en su puntuación general, en un contexto global marcado por el deterioro institucional.
El informe, presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), destaca además que el sistema judicial dominicano ha alcanzado una capacidad resolutiva promedio de 94.9 %, como resultado de un proceso de transformación institucional iniciado en 2020.
De acuerdo con el documento “Transformando la Justicia: del progreso institucional al desarrollo humano”, el país ha registrado avances en digitalización, gestión judicial y cumplimiento de plazos, incluyendo la firma digital de más de tres millones de documentos y la tramitación electrónica del 66 % de los procesos.
Asimismo, se reporta una reducción de 21.6 días en la resolución de casos, lo que evidencia mejoras en la eficiencia del sistema.
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No obstante, el estudio advierte sobre brechas territoriales en el acceso a la justicia. Mientras el Distrito Nacional presenta una tasa de resolución de 100.5 %, provincias como Santo Domingo y Montecristi registran 90.8 % y 87.9 %, respectivamente.
Fallas estructurales
El análisis también revela que siete de cada diez personas desconocen los servicios digitales disponibles para gestionar sus casos, lo que limita el acceso efectivo a la justicia.
Entre los principales obstáculos identificados figuran el desconocimiento de derechos, los costos procesales y la duración de los procesos, además de limitaciones en recursos humanos y financieros.
En ese sentido, el informe señala que la densidad de jueces por cada 100 mil habitantes disminuyó de 7.4 a 6.6 entre 2021 y 2025, mientras que el presupuesto del Poder Judicial se redujo de 1.05 % del gasto público en 2019 a 0.87 % en 2025.
El PNUD concluye que fortalecer el sistema judicial debe asumirse como una inversión estratégica para el desarrollo, al tiempo que recomienda avanzar en la articulación institucional, ampliar el acceso y reducir las barreras que aún persisten.
