Acelerar el proceso de transformación para garantizar más eficiencia y transparencia es uno de los principales retos que encara el sistema judicial en República Dominicana. Por más cierto que sea que procesos tan complejos no avanzan con la velocidad que quisiera la opinión pública, la realidad es que la transformación de la que tanto se ha hablado, apenas se percibe.

Los casos, sobre todo los que involucran a políticos y figuras influyentes, se prolongan tanto que la sospecha se instala en la población.

El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, ha reconocido en algún momento que la mora es uno de los desafíos que el sistema tiene que superar para ganar la confianza de la ciudadanía.

Que la transformación sea a puertas cerradas, con diálogo y escuchando a la sociedad, como opinó Molina, no está en discusión.

Puedes leer: Estudio del PNUD señala «avances significativos» en la justicia dominicana

Lo importante es que los avances que citó en el Poder Judicial, como la reducción del tiempo de tramitación, la digitalización de los documentos y el acceso en línea a los servicios, se traduzcan en más agilidad y eficiencia de los casos.

Lo mucho que se ha avanzado en la modernización del sistema todavía no ha despejado viejas lacras que lastran el Poder Judicial.

Queda la satisfacción de que se reconozcan los desafíos y que se trabaje para superarlos. Pero no dejan de inquietar demoras que a propósito de la tragedia de la discoteca Jet Set han llevado al obispo Tomás Morel Diplán a afirmar que la justicia lenta e ineficiente provoca indignación.