Los alegatos de la Corte de Apelación de Santo Domingo para anular la sentencia por los sobornos de los aviones Tucano representan una estocada al sistema de justicia.

Lo menos que debería hacer la Suprema Corte de Justicia es disponer una investigación sobre el proceso en que un tribunal de primera instancia descargó a los imputados en el caso.

Pero lo mismos debería hacer la Procuraduría General de la República en torno a la investigación del caso por el que se imputó al general Rafael Peña Antonio, al coronel Carlos Piccini y al empresario Daniel Aquino Hernández.

La empresa que vendió los ocho aviones identificó a un senador y un diputado que no fueron incluidos en el expediente.

Pero además la entonces directora de la Pepca, Laura Guerrero Pelletier, llegó a declarar que había varios legisladores implicados en los sobornos que pagó la compañía brasileña para la adquisición de los aviones Tucano que serían utilizados en la lucha contra el narcotráfico.

Lo ideal sería realizar una nueva investigación, pero, mientras tanto, la anulación de la sentencia demanda la intervención de la Suprema Corte de Justicia.

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La Corte de Apelación señala que al descargar a los imputados el tribunal de primera instancia no tomó en cuenta el nivel de suficiencia y seriedad de las pruebas, además de incurrir en contradicciones.

Un escándalo de la dimensión de los sobornos para la compra de los aviones no debería quedar sin que se establezcan responsabilidades.