Si Venezuela se rigiera por un régimen democrático, existirían razones para alarmarse por la sentencia de la Corte Suprema de Justicia que valida el aparente fraude a través del cual el presidente Nicolás Maduro retuvo el poder en las urnas. En la nación los tribunales están y actúan al servicio del Ejecutivo, careciendo de la independencia que consagra el modelo político como garantía para preservar las libertades y los derechos ciudadanos.

Sí hay que preocuparse, sobre todo en esta época en que han crecido el desencanto y la desconfianza con el sistema político, por el cuestionado papel desempeñado por el Ministerio Público y hasta por los propios jueces en países que se rigen por el sistema, como Guatemala y República Dominicana. La impunidad de los alarmantes escándalos de corrupción y de los siniestros abusos de poder se han combinado con la incapacidad de los Gobiernos para amplificar el déficit democrático que se sufre.

Por aquí sabemos que por la politización del Ministerio Público no se pudo identificar ni condenar a los responsables de los sobornos que pagó Odebrecht para varias obras y las plantas a carbón de Punta Catalina. No por casualidad los principales señalados en la trama fueron, en principio, el presidente y el secretario general del partido que está hoy en el poder.

Para colmo de males la Suprema Corte de Justicia, al descargar a los dos condenados en un vergonzoso proceso, declaró inexistentes los pagos ilícitos admitidos por el consorcio. Con los aviones Tucano, aunque la compañía identificó a beneficiados, ocurrió algo parecido. Los casos sugieren que no solo se tiene que avanzar en la necesaria independencia del Ministerio Público, sino en una depuración exhaustiva de los jueces.

En Guatemala ocurre que el Ministerio Público, blindado como aquí, al no poder impedir que el presidente Bernardo Arévalo asumiera el poder, tras ganar las elecciones, se ha ocupado de colocarle una camisa de fuerza para boicotear su gestión, sobre todo su compromiso de perseguir la corrupción durante la gestión de su antecesor Alejandro Giammattei e incluso ha buscado hasta procesarlo.

Los guatemaltecos, como los dominicanos, sienten impotencia y frustración frente a sus Gobiernos por el aparente fracaso para encarcelar a los depredadores de los recursos públicos.

Los perturbadores y nefastos acontecimientos, que subrayan que para reconstruir o fortalecer la confianza en el sistema democrático se tiene que remover una estructura más comprometida con la impunidad y los abusos que con la justicia, dan más fuerza a la reforma constitucional propuesta por el presidente Luis Abinader para consolidar el sistema institucional.