El Gobierno dominicano ha calificado como rotundamente falsas declaraciones del primer ministro haitiano, Evans Paul, sobre la repatriación de 21 ciudadanos de ese país que habrían sido arrestados en su casa y deportados a pesar de contar con la debida documentación.

Al rechazar tal imputación, el ministro de la Presidencia, Gustavo Montalvo, advirtió que las autoridades no se mantendrán impasibles ante acusaciones sin fundamento, al señalar que “es hora de frenar esta ofensiva injustificable, basada en especulaciones e informaciones falsas”.

Es claro que las relaciones entre Haití y República Dominicana se deterioran progresivamente a causa de la escalada de infamias contra el país que se acomete desde el Gobierno y la diplomacia haitianos, como la comprobada falsedad dicha por el ministro Paul.

El presidente Michel Martelly ha denunciado al Gobierno dominicano ante la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad del Caribe (Caricom), de realizar “deportaciones masivas e indiscriminadas”, que según él “ponen en peligro la paz y seguridad regional” y “amenazan socavar el proceso electoral en que está inmerso su país”.

Ya antes, el embajador haitiano ante la OEA pronunció un discurso repleto de mentiras con las mismas mendaces acusaciones vertidas por Martelly y el ministro Paul, en torno a “deportaciones masivas” y de ciudadanos que portan debida documentación.

Ante el legítimo derecho de República Dominicana de regularizar la presencia de extranjeros e imponer controles migratorios sobre su territorio, el Gobierno haitiano promueve con mentiras e infamias el chantaje basado en que todavía inexistentes repatriaciones masivas ponen en peligro la paz regional y la estabilidad interna de Haití.

Esa campaña sucia promovida por Haití ha sido rechazada con todo vigor por el Gobierno dominicano que ha exigido de su vecino retractarse de las falsas declaraciones en las cuales se imputa a sus autoridades de deportar a haitianos que viven legalmente en el país.

La sociedad toda está compelida a respaldar la oportuna nota de rechazo que ha emitido el Gobierno ante los despropósitos de pretender presentar a República Dominicana como una nación que promueve xenofobia o que violenta los derechos humanos.