Editorial Opinión

La botija

La botija

Prevalece la impresión de que la mejor forma de combatir o prever corrupción e ineficiencia en la prestación de servicios públicos es transferir su gestión al sector privado, como lo demuestra el anuncio de la Cancillería de que contratará empresas para operar servicios consulares.

Desde hace muchos años, consulados y secciones consulares han adquirido la condición de “botijas de oro”, apetecidas por políticos y gente influyente que los reclaman como pago por prestaciones de servicios electorales.

Listín Diario reveló en una serie de reportajes que los cinco consulados dominicanos en Haití reportaron ingresos durante el periodo 2015-2020, por al menos 3,700 millones de pesos, de cuyo monto, una cantidad irrisoria fue a parar a las arcas del Estado, además de denunciar venta de visas a precios diferentes y sin regulación alguna.

El ministerio de Exteriores convocó a empresas nacionales y extranjeras para que presenten propuestas de gestión de servicios consulares en Buenos Aires, Barcelona, Caracas, Pekín y Santiago de Chile, ciudades que formarán parte de un proyecto piloto.

La expedición de visados, libretas de pasaportes y otros documentos o cartas consulares representan un negocio redondo para algunos incumbentes que no tienen techo ni límite al fijar precios altísimos en provecho propio y detrimento de los contribuyentes.

Se conoce la anécdota de hace más de dos decenios de un diplomático que solicitó al presidente de entonces que lo relevara como jefe de misión en un país centroamericano y lo nombrara cónsul en otro sudamericano, lo que demuestra que la historia de la botija viene de lejos.

La Cancillería anuló las facturas comerciales que generaban en consulados de Estados Unidos y Europa estrambóticos ingresos, pero al día de hoy muchas oficinas consulares compiten con la DGII en recaudaciones, aunque con el agravante de que el cónsul que reparte y reparte siempre obtiene la mayor parte.

La privatización de los servicios en los 47 consulados y 30 secciones consulares sería la fórmula más idónea para detener esa ignominia que enriquece a aventajados políticos o relacionados en perjuicio del erario y de 2.5 millones de dominicanos residentes en el exterior.

El Nacional

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