Tras la caída del presidente de Guatemala, Otto Pérez Molina, arrastrado por una creciente ola de indignación popular contra la corrupción en las alturas del poder político, son obvias las expectativas sobre el impacto del fenómeno en la región. Con una justicia tan frágil en una sociedad acostumbrada a que el sistema no funcione y que los privilegiados sean protegidos por la impunidad, en la nación centroamericana jamás se concibió que un gobernante en pleno ejercicio de su reinado podía ser despojado de su inmunidad, apresado y enjuiciado por un cargo tan simple como cohecho pasivo. En muchas repúblicas los gobernantes son intocables, dioses que siempre se salen con las suyas sin mayores esfuerzos.

Si Pérez Molina no pudo evadir el redil se debió a que el informe preparado por la Comisión Internacional contra la Corrupción en Guatemala, el organismo de las Naciones Unidas (ONU) presidido por el colombiano Iván Velásquez, no le dejó escapatoria. Los guatemaltecos encontraron en el expediente la chispa que necesitaban para arreciar las protestas, gracias a las cuales ya la vicepresidenta Roxana Baldetti había tenido que dimitir por las mismas razones.

Tan demoledoras resultaron las pruebas que lo comprometían con la “La Línea”, el mecanismo a través del cual los empresarios evadían aranceles aduanales, que el otrora hombre fuerte fue abandonado hasta por sus propios partidarios. Después de aferrarse al poder, advirtiendo una y otra vez que no renunciaría, dejar la Presidencia y ponerse a disposición de la Justicia era la única opción que le quedaba para buscar la manera de vadear el proceso.

Velásquez puede ser el gran héroe del hito que se ha dado en Guatemala, dejando una densa estela de interrogantes sobre su impacto en otros países. Son muchos los que se preguntan qué pasará en Brasil, donde la magnitud del escándalo de corrupción en Petrobras, por el cual están presos verdaderos pejes gordos, es de mucho mayor dimensión. La recesión económica, el aumento del desempleo, la devaluación de la moneda, el cerco cada vez más estrecho contra Lula da Silva y la estrepitosa caída de popularidad pueden, entre otros factores, acelerar la caída de la presidenta Dilma Rousseff, arrastrada por una ola de indignación como la que arrasó con Pérez Molina y Baldetti. Y por el peso que tienen Brasil y sus empresas, el fenómeno tendría el efecto de un terremoto en la región.

Brasil no ha necesitado, como Guatemala, de un Velásquez. Tiene una Fiscalía y una Policía que ya habían sentado un precedente con el proceso que culminó con la renuncia por corrupción del presidente Fernando Collor de Melo. Pero otros países donde la corrupción ha alcanzado niveles siderales sí necesitan un abogado como el colombiano, sin más compromisos más que con la verdad.