Como norma jurídica suprema que rige la organización del Estado, fija el alcance y forma de ejercicio de la autoridad, los límites de los órganos públicos, los derechos y deberes de los ciudadanos, la Constitución de la República se erige como la más elevada expresión de la voluntad popular.
Al conmemorarse hoy el Día de la Constitución, propicia es la ocasión para exhortar a la ciudadanía a conferir merecido valor jurídico y político a ese contrato social y cumplir y defender su contenido como niñas de propios ojos, porque solo así se avanza en dirección a la consolidación del todavía defectuoso espacio democrático.

El Texto Sustantivo, su cumplimiento o vulnerabilidad, refleja las condiciones económicas, sociales y políticas de la sociedad en un momento históricamente determinado, como por ejemplo la Constitución votada un día como hoy en 1844, nació con la infección de la intolerancia del poder detentado por el general Pedro Santana (artículo 210: “a verdad sabida buena fe guardada”).

La Carta Magna de 1966 resultó un lujo mayor que la sociedad de entonces, signada por el atraso económico y político y la profunda división social heredada de la decapitada tiranía, no pudo aprovechar porque élites antidemocráticas lo impidieron con el golpe de Estado contra el gobierno del profesor Juan Bosch.

La Constitución de 1966 fue aprobada cuando todavía botas de una grosera intervención militar y política mancillaban la dignidad nacional, por lo que con razón, el propio presidente de la República la definió como un pedazo de papel, con lo que quizás quiso decir que no se requería de su fiel cumplimiento para gobernar a la nación.

La Constitución puesta en vigor el 26 de enero de 2010 se sustenta en un Estado Social de Derecho, dotada de instituciones jurídicas y políticas de última generación, pero aun gobernantes ni gobernados han ofrecido clara demostración de que este estatuto refleja voluntad global de surcar caminos de una auténtica democracia y de un efectivo régimen de derechos.

La primera gran prueba de esa Constitución, definida como liberal y garantista, lo representa la sentencia del Tribunal Constitucional, una de las altas cortes hijas de ese texto, que fija el alcance de la nacionalidad, decisión que ha sido objeto de gran controversia, a pesar de que tiene el carácter de lo irrevocable.

Los votos son para que la Constitución de la República no sufra lesiones mayores, que sea respetada por todo el abanico social y político de la nación, para que nunca más sea degradada a simple pedazo de papel o se inserte en su vientre ningún artículo que refrende formas de dictadura, represión o intolerancia.