La redacción de la primera Constitución política, todavía en el tintero inmaculado de una reciente proclamación de independencia nacional, fue víctima de una infame laceración para inyectarle veneno de represión e intolerancia política, como presagio a los muchos infortunios que sufriría a lo largo de sus 175 años de vigencia.
Esa Carta Magna, votada el 6 de noviembre de 1844 en San Cristóbal, nació con la bayoneta al cuello, después que el Ejército de Pedro Santana exigió que en su cuerpo se insertara un artículo que le concedía poder absoluto para violarla o mancillarla a su absoluta discreción.
El Texto Sustantivo pudo sobrevivir a pesar de ese veneno que limitó su capacidad jurídica, para garantizar a plenitud la soberanía nacional, como también a otras modificaciones, la mayoría acometidas para satisfacer ambiciones de gobernantes o de grupos de poder.
Los constituyentes de 1844 cumplieron con su deber hasta donde las circunstancias lo permitieron, con la redacción de una Carta Magna que tuvo mucha influencia de las constituciones de Estados Unidos y Francia, aunque fueron obligados a estatuir en su seno el artículo 210 que otorgaba al presidente Santana poderes ilimitados.
A lo largo de 175 años, el pueblo dominicano ha batallado de manera incesante para que la Constitución rebase la condición de pedazo de papel y adquiera la calidad de un documento jurídico político sagrado que tutele la convivencia social y sea garante de la independencia, soberanía, libertad y estado de derecho.
Por la defensa de la Constitución afloró el movimiento restaurador en 1861 que luchó contra la anexión a España, y por la misma vigencia de ese texto estalló la revolución de abril de 1965, convertida cuatro días después en guerra patria, claras señales de que el pueblo dominicano se erige como celoso guardián de su Carta Magna.
La democracia dominicana ha recorrido un gran trecho, desbrozando ásperos caminos de dictaduras y de regímenes violadores de derechos, hasta situarse hoy como una de las naciones del continente que muestran mayor consolidación de sus instituciones democráticas.
Las generaciones presentes heredan el compromiso de salvaguardar los valores insertos en la Constitución de la República, de los cuales la soberanía nacional y el estado social de derechos representan conquistas históricas irrenunciables porque personifican una legítima heredad de los fundadores de la nacionalidad.
