La Embajada

 Menos de 24 horas después del disparate de tres diputados de aconsejar a la Policía de actuar con mano dura frente a la delincuencia, la embajada de Estados Unidos emitió un  comunicado de condena a ese pronunciamiento que tildó como un llamado “a matar de manera extrajudicial a supuestos criminales…”

Es claro que la exhortación de los legisladores Héctor Feliz, Alfredo Martínez y Luisín Mejía, para que se ajusticie  a personas sindicadas como  delincuentes, no compromete a la Comisión de Interior y Policía de la Cámara de Diputados ni a ese hemiciclo, por lo que la declaración de  la legación debe definirse como desproporcionada.

Llama la atención que ante un disparate dicho fuera de agenda por tres legisladores, la embajada estadounidense se destape con un documento de censura de tal magnitud que ofrece la impresión de que República Dominicana no tiene perfil ni vocación de sociedad democrática o de que  aquí no se respeta el debido proceso de ley.

No vale la pena preguntar con qué calidad esa legación se arroga derecho para censurar  públicamente a legisladores, funcionarios, o representantes de los poderes públicos de la nación. Al menos se debería ofrecer igual derecho de  flagelación  a los embajadores de todo el mundo acreditados aquí.

El embajador de  Estados Unidos debería saber que  los tribunales penales de la República son tan respetuosos del debido proceso, que la mayoría de los delincuentes que asesinan, secuestran, roban, violan y atracan, son transgresores reincidentes que obtienen  su libertad tras incurrir en un crimen violento gracias a un Código Procesal Penal de manufactura anglosajona.

La censura mediática al desaguisado de esos legisladores no debería servir de pretexto a sectores nacionales y extranjeros para  ahogar el clamor ciudadano de que  Ministerio Público y orden judicial actúen con drasticidad ante  toda forma de delincuencia, porque la verdad es que la población está hoy  virtualmente indefensa ante el auge  de la criminalidad.

El término de crimen extrajudicial, mencionado en el  documento de la embajada de Estados Unidos ha sido acuñado por  el Departamento de Estado para  censurar las muertes  de supuestos delincuentes a manos de la Policía, sin que esa acepción se aplique a los niños que  mueren por bombardeos o explosión de minas  en muchas partes del mundo.

Aun con  un régimen de derecho todavía endeble y limitado, los dominicanos ya conocen el significado de una sociedad democrática y justa, que no sólo incluye garantía  de la vida de todos los ciudadanos, incluidos los delincuentes, sino también los conceptos de soberanía, independencia, equidad en el intercambio comercial y autodeterminación.