El proyecto de Ley Orgánica de Libertad de Expresión y Medios Audiovisuales llega al Congreso por vía del Poder Ejecutivo y con el respaldo de la Sociedad Dominicana de Diarios, gremios profesionales, juristas y académicos que participaron en su discusión y redacción, un estatuto que según sus auspiciadores consagra principios esenciales como la libertad de expresión.

En ese proyecto se asume el precepto constitucional de que toda persona tiene derecho a la libertad de expresión, en cualquier forma y por cualquier medio, sin censura previa, sino a responsabilidades fijadas por la ley, aunque también señala que “cualquier restricción a este derecho deberá tener un fin legítimo”.

Prerrogativas como el libre acceso a fuentes de información y a la invocación de la cláusula de conciencia, están contenidas en leyes dispersas, por lo que la principal novedad del nuevo estatuto se refiere al derecho de toda persona a acceder a internet sin importar su condición social.

Un conjunto de principios estatuidos en ese proyecto consolidan una efectiva legislación de prensa, como el que invoca la no censura indirecta a través de asignación arbitraria y discriminatoria de publicidad o el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión con el objeto de premiar, castigar o privilegiar a comunicadores y medios de comunicación.

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Se establece la garantía de transparencia y publicidad en todos los procedimientos realizados por los distintos organismos estatales involucrados en la regulación del ejercicio de la libertad de expresión, así como el principio de tolerancia a la crítica, que deberán respetar funcionarios, políticos y candidatos a cargos electivos.

Es posible que esa iniciativa legislativa requiera de una dosis mayor de discusión y consenso, por tratarse de un texto que acoge en su seno varias leyes y reglamentos sobre la materia que por su antigüedad han quedado en condición de obsolescencia y porque se ha producido un cambio radical en el universo de la prensa, periodismo y comunicación.

La propuesta de creación del Instituto Nacional de Comunicación, en función de órgano regulador, debe concitar la mayor atención de los legisladores, a los fines de garantizar el delicado compromiso de proteger y promover el ejercicio del derecho a la libertad de expresión e información, así como evitar que se convierta en un nido de ineficaz burocracia.

La Sociedad Dominicana de Diarios interpreta el sentir de la prensa y sociedad dominicana al acoger la señalada propuesta de ley y expresar confianza en que la discusión legislativa permita enriquecer más el texto, sin desvirtuar su espíritu ni retardar su aprobación.