Pronto se cumplirá el plazo otorgado por el Tribunal Constitucional para que el Congreso Nacional elabore y apruebe una nueva normativa que subsane los vicios formales contenidos en la ley 10-16, que inhabilitó 111 artículos del Código Procesal Penal (CPP).
La Cámara de Diputados trabaja contra el tiempo para aprobar modificaciones, ya votadas en el Senado de la República, y salvar así la ley objetada por el TC, que quedaría definitivamente inhabilitada al vencimiento del plazo de un año dado por esa alta corte.
Por esperar hasta último momento para cumplir con el emplazamiento del Tribunal Constitucional, el Poder Legislativo ha puesto en peligro la vigencia de más de un centenar de artículos que engrosaron al nuevo texto del CPP a través de modificaciones debidamente consensuadas por el Ministerio Público, Orden Judicial y comunidad jurídica.
Con ese retraso se ha pretendido reeditar la historia del Código Penal que por muchos años deambuló por casilleros congresuales con sus fardos de modificaciones a cuesta hasta que fue aprobado, literalmente, en el último minuto de una dilatada manecilla de reloj.
El presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, ha prometido que ese código se aprobaría hoy, con reformas que fijan un límite de duración de los procesos de cuatro años y de cinco cuando el caso sea declarado complejo, lo que significa que los encartados estarán atados a juicios penales por hasta un lustro.
El Código Penal identifica los tipos penales, los elementos constitutivos y fija el rango de condena, pero el Código Procesal Penal funge como dínamo de la justicia al establecer la normativa que rige el debido proceso y las garantías a los derechos de víctimas e imputados. He ahí su importancia.
Se ha convertido en costumbre que el Congreso aguarde hasta final de plazo o cumplido el agotamiento ciudadano para aprobar o rechazar proyectos de ley definidos como trascendentes para el ordenamiento jurídico, político o para la propia gobernanza, lo que se interpreta como irrefrenable deseo de fastidiar.
Ojalá que esta vez cese el juego de la ruleta rusa y se apruebe sin mayores dilaciones el nuevo Código Penal, como final de una agobiante espera de casi un año, que lo ha puesto al borde de quedar inhabilitado.

