El incremento de feminicidios y de otras formas de violencia física y mental contra la mujer obligan a subordinar sus anhelos de igualdad de género en lo laboral y político al reclamo de que el Estado garantice su propia integridad ante los acosos y maltratos que sufre, perpetrados por hombres despechados.

República Dominicana ocupó el segundo lugar entre 19 países y territorios de América Latina que reportaron muertes violentas de mujeres por razón de género en 2022, sólo detrás de Honduras. En 2023 se produjeron 51 feminicidios, siete menos que el año anterior.

Es en este fatídico escenario que se conmemora hoy el Día Internacional de la Mujer, instituido en 1910 durante la II Conferencia de Mujeres Socialistas, celebrada en Copenhague, Dinamarca, pero no fue hasta 1977 cuando la Organización de Naciones Unidas (ONU) asumió la fecha con rango universal.

Siete mujeres fueron asesinadas en sucesos tipificados como crímenes de género durante los primeros 15 días de 2024 y en el último mes, una joven fue violada y asesinada al salir de su lugar de trabajo en Santo Domingo Este y otra murió por las quemaduras que sufrió cuando su expareja le prendió fuego en Salcedo.

Difícil resulta ante tan persistente espiral de violencia contra la mujer poder insistir en el justo reclamo de que el Estado instituya políticas y promueva leyes que garanticen igualdad de género en el acceso al empleo, al salario y a las oportunidades en los ámbitos político, académico y de crédito bancario.
Las políticas de prevención a la integridad de la mujer son insuficientes o inexistentes, por lo que no se exagera si se afirma que siempre pende de un hilo la vida de una mujer acosada o en conflicto familiar porque el precario sistema de protección se deriva al régimen de consecuencia que opera después de perpetrado el crimen.

Un estudio del Observatorio Político Dominicano reveló que de los 18,197 candidatos que compitieron en las recientes elecciones municipales, apenas 7,356 (40%) eran mujeres y que de 595 postulaciones a las alcaldías, sólo 99 eran del sexo femenino (16.6 %), lo que revela que declina la participación femenina en el ámbito eleccionario.

Gobierno, Estado y sociedad están compelidos a garantizar la vida y el sosiego de la mujer y de su entorno familiar, proveerla de las herramientas jurídicas necesarias para su libre acceso en condiciones de igualdad a la academia, capacitación, entrenamiento, ambiente laboral, así como poder escalar liderazgos o gerencia en los sectores público y privado.