El Senado escogió ayer sin mayores contratiempos a los jueces de la Junta Central Electoral (JCE) en su nuevo esquema de cinco miembros, cuatro de los cuales pertenecían a la anterior gestión de ese tribunal comicial que constaba de nueve magistrados divididos en dos cámaras, de lo que se colige que la mayoría senatorial privilegió la experiencia acumulada por los seleccionados.

Ninguna sorpresa produjo la escogencia del doctor Roberto Rosario Márquez como presidente de la JCE, pues se había granjeado el visto bueno de la casi totalidad de la matrícula del Senado y de la mayoría de los partidos, que destacaron su buena labor como titular de la antigua Cámara Administrativa.

Otros jueces escogidos de la anterior matrícula de la JCE: José Angel Aquino Febrillet, Francisco Félix y Eddy Olivares también contaban con amplio respaldo legislativo y buena acogida en la dirigencia política y sociedad civil, por lo que la única novedad la representa la doctora Rosario Graciano, actual viceministra de Relaciones Exteriores, quien se ha distinguido como funcionaria eficiencia y responsable.

La misma calificación se emitiría si el Senado hubiese escogido a cualquiera de los miembros actuales de la JCE que han quedado excluidos: Julio César Castaños Guzmán, su actual presidente; Aura Celeste Fernández, Mariano Rodríguez, John Guilliani, y Leyda Peña, los cuales seguramente optarán para integrar el Tribunal Superior Electoral o el de Garantías Constitucionales.

En términos de organización y montaje de elecciones, el personal escogido para integrar la nueva Junta Central Electoral posee la experiencia requerida y su desempeño, como el de los demás integrantes de la cesante gestión de la JCE, ha sido más que satisfactorio.

Para que los nuevos jueces electorales puedan organizar en 2012 elecciones libres, concurridas y limpias, se requiere que Gobierno y demás poderes del Estado respeten las reglas jurídicas y éticas, sin hacer provecho político de fondos públicos ni incurrir en ninguna otra modalidad de fraude, porque debe recordarse que las irregularidades denunciadas en las elecciones pasadas han sido imputadas a esos litorales.

Aunque la doctora Graciano y a los otros cuatro jueces seleccionados se les señalan simpatías partidarias, esa filiación -si la hubo- siempre ha quedado cesante al momento de asumir tan delicadas funciones, por lo que esta vez se revalidan seguridades de que esos magistrados cumplirán cabalmente con la trascendente misión que les ha sido encomendada.

La democracia dominicana debería quedar liberada por siempre del virus de los fraudes electorales, de los jueces políticos o políticos jueces, de la incertidumbre y desconfianza que se dispensan los partidos políticos, que todavía no se acostumbran a jugar limpio.