La oposición política encabezada por el PRM y completada por otros partidos minoritarios anunciaron la semana pasada su retiro del diálogo para la elección de los miembros de la Junta Central Electoral, y de paso insinuaron su no participación de los Pactos Eléctrico y Fiscal, lo que constituiría un gravísimo error político que profundizará aún más la crisis de gobernabilidad que ellos mismos critican.

El sector empresarial y la sociedad civil por si solas no pueden seguir asumiendo los espacios políticos que la oposición constantemente insiste en ceder, y sus constantes resabios en las designaciones de cargos en órganos como la JCE o las Altas Cortes mas no así en órganos autónomos o de fiscalización igual de importantes para el país, deja la penosa impresión de que el único interés de estos es ganarse un pedazo del pastel del Estado, y no de servir como un auténtico contrapeso al oficialismo.

He insistido en el pasado que el Pacto Eléctrico y el Pacto Fiscal serán los espacios donde se sostendrán las discusiones más importantes de la historia moderna dominicana para atacar sus más graves problemas existenciales, y cualquiera que tome 1 hora de su tiempo para leer el Presupuesto General de la Nación del 2016 fácilmente llegará a la conclusión. No obstante ello, el contrapeso que debiere ser la oposición política ha preferido hacerse a un lado, cavando sus trincheras en un tema de relativamente poca relevancia al día a día de los dominicanos como la elección de los miembros de la JCE.

Ante el retiro del PRM y demás partidos, el sector empresarial y la sociedad civil, quienes conforman la otra parte importante del diálogo en los Pactos Eléctrico y Fiscal, deben asumir papeles que no le corresponden y no sólo impulsan aquellos puntos que les son inherentes sino que quedan obligados a establecer un contrapeso comunicacional para palear el vacío dejado por la oposición.

No obstante esto, en nuestro país, dada a la alta dependencia del sector empresarial como de la sociedad civil de los actos del Estado en tanto que estos dependen de sus contrataciones, permisos o asignaciones del Presupuesto, el contrapeso que estos están en condiciones de establecer está severamente condicionado.

La oposición parece ajena a la realidad de que sus constantes derrotas electorales muy poco tienen que ver con la composición de la JCE o las Altas Cortes, sino con su falta de credibilidad como alternativa política. Esta manifiesta una sed desmedida de golpes de efecto políticos girando enteramente a asuntos electorales como la Ley de Partidos Políticos, la Ley Electoral o la composición de la JCE, mientras que en asuntos igual de importantes como la muy cuestionada sustitución de la cabeza del Consejo de Directores de PROCOMPETENCIA estos figuran votando de forma unánime junto al partido de Gobierno.

El sector empresarial y la sociedad civil no pueden seguir supliendo la dejadez de la oposición. Esta debe asumir su rol, o de lo contrario está condenada a aceptar más fracasos políticos y electorales hasta su eventual sustitución por alternativas políticas más viables.