El procurador general de la República, doctor Francisco Domínguez Brito, ha dispuesto eliminar privilegios que dice disfrutan reclusos con poder económico en algunas celdas del viejo modelo del sistema penitenciario, lo que de antemano se interpreta como una forma de aplicar la ley relacionada con el tratamiento que se dispensa a los internos en las cárceles.

La Constitución de la República prohíbe toda forma de privilegio que no esté establecida en la ley adjetiva o cualquier estadio que genere forma de discriminación, otro punto a favor de la iniciativa del Ministerio Público.

El magistrado Domínguez Brito ha dicho que sólo en algunas celdas de reclusos con poder económico tienen los supuestos privilegios que ha ordenado eliminar, por lo que el cumplimiento de esa disposición no parece encontrar dificultades mayores.

La tarea difícil a la que debería abocarse el Ministerio Público es la de conjurar el deplorable estado en que malviven miles de reclusos en inhóspitas cárceles del país las cuales carecen de las más mínimas condiciones de habitabilidad para un ser humano.

Es verdad que tiene el deber de impedir el ejercicio de privilegios en los centros penitenciarios, pero la ciudadanía estaría más agradecida todavía si se eliminan los deplorables cuadros de internos o reclusos abandonados a su suerte a pesar de que padecen enfermedades terminales o catastróficas, como sida o cáncer.

También el procurador debería enfrentar el comercio ilícito dentro de los recintos penitenciarios en los cuales se venden o se alquilan habitaciones o espacio en el pavimento donde los internos preventivos o condenados deben acotejar su anatomía para poder dormir.

Nadie en su sano juicio debe objetar la decisión del Ministerio Público de eliminar anejos privilegios, que en realidad son servicios que se adquieren a muy elevado costo pagados a gente innominadas, pero fácilmente identificadas. Lo que se desea es que ese magistrado también ponga atención al discrimen y exclusión de quienes no tienen ni con qué caerse muerto.

Duele saber que en algunas celdas del sistema penitenciario nacional, reclusos con poder económico disfrutan de privilegios, pero duele más todavía saber que miles de internos de esos centros malviven como animales sin que esa forma cruel de castigo esté contemplada en las penas que purgan.