El ministro de Economía, Temístocles Montás, ha desvelado parcialmente el misterio sobre las intenciones del Gobierno al revelar que la reforma fiscal que se propone contempla un incremento en dos o tres puntos de la presión tributaria, así como de los impuestos a los altos sueldos. Pero nada adelantó en torno a otros aspectos que han estado en la palestra, como las exenciones al sector empresarial, la nómina pública y privilegios como el barrilito de los legisladores.

Periodistas españoles, que forman parte del Foro Arekuna, han sido los primeros en conocer los pormenores durante un encuentro con el funcionario, quien adelantó que el proyecto será presentado la semana entrante al Consejo Económico y Social, que coordina monseñor Agripino Núñez Collado.

La determinación de incrementar la presión tributaria (que el Gobierno sitúa en un 13% y la califica como una de las más bajas de América Latina) se veía venir. Desde mucho antes de plantearse la nueva reforma ha sido parte del discurso oficialista e incluso se ha citado como condición sine qua non para cumplir con leyes como la asignación del 4% del PIB (Producto Interno Bruto) para la educación básica.

Aunque no se conozcan mayores detalles puede darse por descontado que el proyecto provocará encendidos debates. A menos que hayan cambiado de opinión, los empresarios han insistido en que la presión tributaria supera el porcentaje que dice el Gobierno, de tomarse en cuenta otros gravámenes y el costo de diferentes servicios. Pero además han planteado que a través de una depuración de la nómina se puede captar parte de los recursos que se necesitan.

Pese a todo, abundan las reservas. No se sabe qué decidirá el Gobierno sobre las exenciones fiscales por unos 118 mil millones de pesos a la clase empresarial que tanto han satanizado los legisladores oficialistas. Si algo se ha avanzado por el momento es que los subsidios a las empresas y gremios transportistas serán suprimidos a partir de diciembre de este año.

Más que un comentario general que es una suerte de mea culpa, Montás reconoció por otro lado que el mal manejo del gasto ha frenado el desarrollo. Pero lo atribuyó a una cultura de hacer todo a la brigandina. El proyecto de reforma determinará si su criterio ha sido para hacer causa común con el escenario o parte de una real preocupación para mejorar la calidad del gasto, una de las demandas de diferentes sectores para aprovechar los recursos sin causar más sacrificio a la población.

Con un déficit fiscal histórico, una deuda pública que según el propio Montás ha llegado al tope y múltiples necesidades sociales, el Gobierno está en una difícil disyuntiva con relación a la reforma que se plantea. Todo indica que no basta con incrementar la presión tributaria. También tendrá que abocarse a una drástica reducción del gasto.