Andrés Fortunato VictoriÁ

Desde que mataron a Trujillo el 30 de mayo de 1961, estoy oyendo hablar de que la debilidad institucional de nuestra democracia, expresada en término de corrupción, impunidad, contubernio, clientelismo y nepotismo, sólo tendría solución con una revolución armada.

Por eso se levantó un grupo de valientes y heroicos patriotas encabezado por Manolo Tavárez Justo, a fines de 1963, en respuesta al golpe de Estado que le habían dado al profesor Juan Bosch la noche del 25 de septiembre de ese mismo año, cayendo vencidos en menos de tres meses.

El 24 de abril de 1965, hicieron ahora 50 años, un grupo de Militares Constitucionalistas y civiles democráticos iniciaron la revolución armada de mayor trascendencia del Siglo XX y la tercera desde el inicio de nuestra vida republicana, pero ya venciendo a los golpistas del 1963 el 27 de abril siguiente, los Estados Unidos nos invaden con 42 mil marines y frustran la posibilidad del retorno de Bosch y el restablecimiento de la Constitución de 1963.

Y así cayeron posteriormente muchos más revolucionarios en los 12 años posteriores a la guerra que gobernó Joaquín Balaguer, entre ellos los palmeros y Caamaño, este último quien había sido el líder de la revolución constitucionalistas.

Realmente han sido muchas las personas muertas a favor de que aquí impere la libertad, la paz y la transparencia y honestidad administrativa, y así iniciar un proceso de mejor redistribución de las riquezas que ponga fin a la inequidad económica, política y social que ha vivido nuestra nación durante toda su historia.

Como respuesta alternativa a la posible solución del problema endémico de la corrupción, el contubernio y la impunidad incrustados en los tuétanos de casi toda nuestra sociedad, hemos considerado la necesidad de que todas esas luchas, principalmente la constitucionalista del 1965, se continúe desde otra perspectiva: la revolución ética y moral, la cual luche, sin la violencia de las armas, para que en nuestro país haya un fortalecimiento en nuestra institucionalidad democrática que sea capaz de hacer lo que hay que hacer: Que se cumpla con la ley.

Pero también hemos reflexionado, que esa revolución ética y moral tiene que constar con una fase anterior.

La Revolución Electoral, porque si no aprendemos a depurar, antes de votar, a los presidentes o presidentas, senadores o senadoras, diputados o diputadas, alcaldes o alcaldesa y regidores o regidoras, de forma tal que podamos escoger a los ciudadanos y ciudadanas de mayores méritos cívicos, para esos puesto, lo cual implique el tener, entre otros atributos, una hoja de servicio público que le haga merecedores y merecedoras de nuestra confianza para depositar nuestros votos por ellos, no podremos entonces cualificar y fortalecer nuestras instituciones democráticas.

Para que esto sea posible, es necesario que la estrategia de campaña de todos los sectores comprometidos con el fortalecimiento de nuestra democracia y sus instituciones tengan como objetivos fundamentales.

Primero, lograr, mediante la aplicación de una campaña diferente, que los electores y electoras comprendan el valor de cada uno de su voto.

Segundo, que puedan aprender a depurar a cada candidato a presidente, senador, diputado, alcalde, regidor.

Tercero, que conozcan las funciones que la Constitución y las leyes les otorgan a cada uno de esos funcionarios y funcionarias electos y electas.

Veamos algunos detalles de estos tres puntos.

Cuando nos referimos a que los o las votantes comprendan el valor de su voto, estamos hablando de que entiendan, que con el voto que depositan en cada una de las elecciones, están nombrando a las personas que tendrán en sus manos el destino del país durante cuatro años, y que manejarán los impuestos que el mismo elector o electora, aporta para que haya un presupuesto nacional que se aplicará bajo el control y responsabilidad de estos y estas, el cual debe ser invertido de acuerdo a lo establecido por la Constitución y las leyes, a los fines de que estos sean redistribuidos de forma equitativa y en base a prioridades.

Cada votante de saber, que su voto es el que nombra al o la presidente de la república, quien manejará los destinos de él o ella y su familia, por cuanto tendrá en sus manos un presupuesto, que, como el de ahora, es de unos 830 mil millones de pesos y que nombrará a todos los ministros y, a los directores y directoras de instituciones autónomas y descentralizadas del Estado, quienes a su vez dirigirán a los nombramientos o manejo de más de 300 mil empleados públicos, etc. Que con su voto nombran a los y las congresistas quienes, entre otras funciones, tienen las atribuciones del control y fiscalización del manejo de las inversiones del Estado, de acuerdo al artículo 93, numeral 2 de la Constitución, y que si no eligen a las personas más honestas y capaces y, en cambio eligen a personas que han empleado recursos de dudosa procedencia, para llevar a cabo una campaña tendente a confundir al votante mediante mecanismos propagandísticos para inducir a la manipulación de un voto inconsciente, facilitarán con ello la perpetuidad de las condiciones para recrear la corrupción, la impunidad y el contubernio.

De ahí la importancia de que cada votante aprenda a depurar por quién debe sufragar.