El Ministerio Público ha sido blanco principal en el debate nacional desde mucho antes de que el presidente Luis Abinader promoviera una reforma constitucional que asignó al Consejo Nacional de la Magistratura la prerrogativa de nombrar al procurador general de la República, como forma de acentuar su independencia.

Ese órgano del Estado se reputa como autónomo, encargado de prevenir, perseguir, investigar, someter a la justicia a prevenidos o justiciables por la comisión de crímenes o delitos, así como pronunciar el dictamen ante el juez o corte con solicitud de sanciones condignas a la infracción cometida.

Hace más de cuatro años que el Ministerio Público encaminó por ante los tribunales penales estruendosos expedientes sobre corrupción que involucraron a exfuncionarios, contratistas, empresarios, legisladores y supuestos testaferros en la prevaricación de miles de millones de pesos.

Aunque la anterior procuradora general, Mirian Germán, no se refería con frecuencia al contenido de las investigaciones o las acusaciones, los procuradores adjuntos, Yeni Berenice y Wilson Camacho, protagonizaron candentes debates en audiencias y a través de medios de comunicación con abogados defensores.

Han transcurrido más de cuatro años, sin que ninguno de esos expedientes acusatorios haya obtenido aun sea una sentencia en primera instancia, aunque las medidas de coerción contra los imputados que en principio consistió en prisión preventiva de 18 meses, luego domiciliaria, derivó en la de presentación periódica.

Los magistrados Reynoso y Camacho, quienes fueron principales litigantes en esos casos, hoy son, procuradora general y director de la Dirección de Persecución del Ministerio Publico, respectivamente, pero esta vez ninguno participa como exponentes recurrentes en las salas de audiencias.

Ambos funcionarios tienen ahora responsabilidades mayores y un marco constitucional dotado de mayor autonomía, pero la misma evolución del Ministerio Público y del sistema judicial obliga a sus actores a apegarse más al derecho que a la parafernalia mediática.

Todavía se observan vestigios del pasado, como el anuncio de que los fiscales presentarán 150 pruebas de cargos en el caso que se sigue al pelotero Wander Franco, contra quien solicitarán 30 años de prisión, lo que contrasta con otros imputados convertidos en delatores, con penas reducidas, sin que se entienda claramente en cuáles circunstancias el Ministerio Público invoca circunstancias atenuantes o agravantes.