El abogado Hotoniel Bonilla consideró que ningún gobierno en los últimos 60 años se ha decidido promover un cambio verdadero en el modelo de seguridad y convivencia ciudadana lo que ha provocado que el cuerpo policial del país continúe todavía con criterios propios de un estado anclado en los tiempo de las dictaduras.

Debido a esto el actual modelo policial no garantiza la seguridad ciudadana frente a los riesgos de la vida en sociedad.

El cambio constitucional de 2010 colocó a la Policía Nacional bajo la autoridad directa del Presidente de la República (Art. 255); desde el punto de vista administrativo, la Ley Orgánica de la institución la ubica como una dependencia del Ministerio de Interior y Policía, y su estructura dentro del Estado una Dirección General. Empero, su funcionabilidad resulta bastante discutible pues mantuvo los rangos jerárquicos del área militar.

La vigencia del estamento policial, con esas características militares, no encuentra cabida en la construcción del Estado Social y Democrático de Derecho, cargado de contenidos y fórmulas, según las cuales no es posible interpretar una institución o un procedimiento previsto por la Constitución por fuera de los postulados materiales plasmados en los principios y derechos fundamentales.

La existencia de medio centenar de oficiales generales activos en la Policía Nacional, más 1,500 coroneles y tenientes coroneles e igual cantidad de mayores, asignados en alrededor diez regiones en el territorio nacional, constituye una perturbación en las funciones naturales de la institución responsable de velar por la seguridad ciudadana, mantener el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos de las personas.

Esa estructura limita la posibilidad de supervisión y dirección efectiva por parte del Gobierno, a través del Ministerio de Interior y Policía, colocando en la práctica al Director y la plana mayor de la institución con una autoridad concentrada y descontrolada del poder civil, puesto que resulta ilusorio que el Presidente de la República pueda dedicarse a ejercer esa tarea; su actuación es puramente reactiva cuando desde la institución se desbordan los atropellos.

Así las cosas, el inaplazable cambio en la Policía Nacional debe iniciar por reorientar sus funciones, reasignar los estamentos existentes en dos estructuras formales, una estrictamente controlada por el Ministerio de Interior y Policía, con funciones de fuerza del orden público; y un cuerpo profesional y técnico bajo el control legal y disciplinario de la Procuraduría General de la República, para las investigaciones con fines judiciales, a ser realizadas con métodos científicos, que permita sustituir el actual sistema empírico de investigación, cuyo mejor exponente es la “fuente” proveniente de un infiltrado o soplón, lo cual alimenta la connivencia entre policías y delincuentes.

Ejecutar una verdadera y efectiva depuración de todos los integrantes del cuerpo del orden, que abarque el perfil y funciones que realiza; que el Ministerio de Interior y Policía ejerza las funciones de controlar sus actuaciones, las cuales deben concentrarse en la prevención del delito, mediante labor de seguridad, protección ciudadana y auxiliar del cuerpo técnico de investigación bajo la dirección del Ministerio Público.

Desmontar los rangos de la oficialidad superior, iniciando por los comprendidos entre teniente coronel y mayor general, hasta alcanzar en un plazo razonable la limitación a niveles de los puestos de mandos existentes, conforme a la ley. En el futuro, suprimirlos en forma total para que sean identificados con denominaciones que vayan en armonía con su naturaleza civil y en correlación con las funciones específicas que ocupen en las distintas dependencias.

Definir criterios estandarizados para la selección y reclutamiento de nuevo personal, convirtiéndolo en un cuerpo profesionalizado y desmilitarizado. El modelo de reclutamiento debe incluir un meta análisis de los hechos delictivos cometidos por miembros de la institución en la última década, para descartar sistemas de ingresos que permitieron incorporar a sus filas a individuos con el perfil de los que han perpetrado actos atroces como el más reciente ocurrido en Villa Altagracia.

Las unidades especializadas de la policía deben estar bajo el control del cuerpo técnico dirigido por la Procuraduría; los actuales departamentos técnicos destinados a la investigación, como el laboratorio de criminalística y otros, es conveniente traspasarlos al INACIF.

Cabe destacar, en beneficio de la Policía Nacional, en sus filas hay una pléyade hombres y mujeres bien formados para encarar las referidas tareas, lo que falta es organización, delimitación de funciones conforme al ordenamiento constitucional, control disciplinario y régimen de consecuencia.

Ahora bien, el réquiem policial quedaría inconcluso si el cuerpo que surja de su reestructuración mantiene símbolos y prácticas tan oscuras como el húmedo sótano del Palacio de la Policía, el uniforme gris y el uso incontrolado de armas letales. Tampoco surtiría el efecto disuasorio requerido si quedan intactas las injustificadas fortunas de algunos de sus altos oficiales activos y en condición de retiro.

Esas decisiones pueden ejecutarse a corto plazo, pues existen los mecanismos legales para implementarlas. Las reformas a largo plazo deben realizarse en el marco de una profunda transformación del conjunto de las instituciones democráticas.