El nuevo Código Penal, aprobado por el Senado de la República en primera lectura, establece en el artículo 328 que el robo al erario público no podrá perseguirse luego de un plazo de 20 años.

En palabras más llanas, dos décadas después devuelven la honorabilidad a quien se lleve entre las uñas el dinero que nos pertenece a todos. Algo así como “robe hoy y sea honorable mañana”.

El retardado código está ahora en manos de una comisión para su estudio, al pasar un tiempo durmiendo el sueño eterno en alguna polvorienta gaveta del Congreso Nacional y luego de perimir en 2022.

Su aprobación desató los demonios entre senadores de la oposición, porque, según ellos se hizo sin que algunos de los honorables se tomaran el tiempo de leerlo, queja refutada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, al afirmar, con sobrada razón, que quien no ha tenido tiempo para leerlo, no lo va a leer nunca.

Sin duda se trata de un código pesado, que tanto pesa en la conciencia de los más sesudos congresistas, al igual que lastima la epidermis de aquellos que en la función pública se pasaron de contentos y sustrajeron lo inimaginable.

Y si ese punto está introduciendo un dedo en alguna llaga de los amigos de lo ajeno, las tres causales que permitirían despenalizar el aborto están a punto de encender la mecha de un barril de pólvora a punto de explosionar, debido a la aprobación del código sin la inclusión de los artículos que la aborden.

Las tres causales establecen que el aborto quedaría despenalizado si el embarazo pone en peligro la vida la madre, si el producto fue originado tras una violación sexual o un incesto o si el feto tiene malformaciones incompatibles con la vida.

De los Santos ha propuesto que las causales sean discutidas en una ley especial, para garantizar así la aprobación del Código Penal y no frenar su avance, mientras el afable senador Ramón Rogelio Genao, quien sometió la pieza de corriente próvida y penaliza el aborto en todas sus formas, se mantiene sentado encima del barril a punto de una chispa.