A diario escucho hablar sobre la necesidad de la creación de tal o cual ley. ¿Para qué? ¿Qué garantiza su cumplimiento? ¿Se les da aplicación a las leyes vigentes? Más que nuevas legislaciones el país lo que demanda es de jueces honestos e imparciales, sin ataduras ni compromisos a otros poderes ni mucho menos a una organización política en particular, como en efecto ocurre en la actualidad.
Se habla mucho, incluyendo a líderes opositores, de la urgencia en la aprobación de la Ley de Partidos Políticos. En menor medida también se aboga sobre una nueva Ley Electoral. Esas y otras leyes serían oportunas en la medida en que haya una fiel aplicación a las reglamentaciones vigentes. Pero todo se viola. Nada se cumple. El Congreso Nacional, en los últimos años, ha creado múltiples leyes y ha actualizado la mayoría de los códigos conforme a los nuevos tiempos. El problema está en las instituciones que tienen la sagrada encomienda de la aplicación. Todas están corrompidas y politizadas.
Nuestras instituciones siempre fueron deficientes, aunque en determinados momentos se observó ciertos avances, los que colapsaron en el último tramo de gobierno del doctor Leonel Fernández, el cual se hizo un traje a su medida con las nuevas cortes y los demás poderes del Estado. Blindó su impunidad, pero el rechazo que cosecha hoy es producto de sus desaciertos.
Pensé que Danilo Medina, que también es el presidente del Consejo Nacional de la Magistratura, tomaría alguna iniciativa para enderezar las instituciones dominicana, pero todo indica que él también se beneficia del desorden. Ni siquiera ha reunido a ese importante organismo, cuyos miembros, excepto el senador reformista, son todos del PLD.
Más que una Ley de Partidos y otras tantas nuevas leyes, creadas y por crear, el problema dominicano es institucional. Las instituciones no funcionan, están corrompidas y politizadas. La propia Constitución de la República es violada diariamente por quienes están supuestos a dar el primer ejemplo.
Danilo Cruz Pichardo
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