La revelación hecha por la Junta Central Electoral (JCE), de que en la lista de observadores electorales presentada por Participación Ciudadana detectó 188 casos de personas con antecedentes penales o con notoria filiación partidaria, constituye una imputación grave que requiere la inmediata presentación de las pruebas materiales que la avalen.

Un informe divulgado por la Comisión de Observación Electoral de la JCE señala que en la lista suministrada por esa entidad de la sociedad civil se detectaron casos de ciudadanos con antecedentes penales como violación a la ley 50-88 sobre tráfico ilícito de drogas.

No resulta extraño que de cualquier nómina de aspirantes a la observación electoral se detecten algunos casos de posible filiación política o de personas con expedientes judiciales vigentes, pero la JCE ha dicho que de la relación presentada por Participación Ciudadana figuran 188 personas objetables, lo que parece rebasar la normalidad.

Se requiere que el Pleno de la Junta avale o rechace el informe de referencia, cuyo contenido puede definirse como escandaloso porque revelaría que un porcentaje considerable del listado de observadores electorales presentados por Participación Ciudadana está constituido por gente con expedientes criminales o filiación partidaria conocida.

Sería más escandaloso aún, si la JCE no aporta las pruebas o evidencias que avalen una afirmación tan categórica, genérica y delicada, como es la de afirmar que gente con antecedentes penales o con notoria filiación partidaria fueron propuestos para participar en la observación electoral.

Es claro que a Participación Ciudadana le asiste derecho de que sea incluida entre las organizaciones que observarán el proceso electoral y las votaciones del 20 de mayo, en las mismas condiciones que la Organización de Estados Americanos y otras entidades nacionales o extranjeras.

No debería pasar como asunto sin importancia, el conflictivo hallazgo sobre la lista de observadores presentada por una institución de reconocida trayectoria cívica y de amplia experiencia en procesos electorales. La JCE está compelida a garantizar absoluta transparencia en todo lo relacionado al montaje y celebración de las elecciones del 20 de este mes, por lo que es su obligación ofrecer las pruebas correspondientes a su versión de que 188 personas sugeridas como observadores electorales tienen antecedentes penales o notoria filiación partidaria.