Aunque tarde, el Ministerio de Administración Pública fijó en seis el número de viceministros que deben operar en las diferentes dependencias del Gobierno, lo que supone que el Poder Ejecutivo cancelará a decenas de funcionarios que poseen nombramiento de ese tipo sin rendir ningún tipo de labor.

Conforme a leyes orgánicas, cada ministerio debería tener un mínimo de tres y un máximo de seis servidores en esas funciones, lo que sumaría un total de 59 viceministros, pero en la actualidad hay más de 330 viceministros, la mayoría de los cuales no posee siquiera lugar donde sentarse.

Esa resolución que limita el número de funcionarios que asisten a los ministros debería cumplirse al pie de la letra, pues resulta penoso, irrisorio e indignante que tanta gente cobre sin trabajar mediante designaciones ilegales que sólo responden al clientelismo político.

Se señala que las carteras tendrán 120 días de plazo para ajustar la cantidad de viceministros a los nuevos lineamientos trazados por el Ministerio de Administración Pública.

No es posible que una cartera como Educación posea 23 viceministros, en contraste con la escasez de recursos que padece ese sector para afrontar el déficit de aulas y butacas, como tampoco es aceptable que el Ministerio de Agricultura posea 37 funcionarios de ese tipo.

En virtud de la ley 541-08, el Ministerio de Administración Pública tiene a su cargo la aprobación de nuevas estructuras en la administración estatal, por lo que la resolución que ordena reducir el número de viceministros es legal y legítima, además de atender una dilatada exigencia de la sociedad.

No hay que esperar a que el Poder Ejecutivo promulgue la Ley General de Organización de la Administración Pública, ni ningún otro estatuto, para poner freno al despilfarro de fondos públicos que significa el vendaval de nombramientos de viceministros que ni hacen ni dejan hacer.

Lo sensato sería que mañana mismo, el Poder Ejecutivo deje sin efecto todas esas designaciones que avergüenzan a auténticos servidores públicos y que constituyen un lastre ético para el Gobierno y un uso inapropiado de recursos públicos en perjuicio de la población.