Editorial

Lenidad judicial

Lenidad judicial

La asamblea que  encabezó el presidente Leonel Fernández con representantes de la sociedad de Santiago para identificar alternativas de freno y prevención de la criminalidad  debería convertirse  en el mejor referente de cómo un conglomerado puede y debe aunar esfuerzos para combatir y erradicar un flagelo que lo agobia.

En ese encuentro, celebrado el sábado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucamaima), un auditorio multisectorial pudo levantar un diagnóstico de las causas que  motivan  el inusitado  auge de la violencia y delincuencia en la Ciudad Corazón, el Cibao y toda la geografía nacional, a la vez de exponer alternativas de soluciones o alivio a tan lacerante mal.

Muchos de los remedios ofrecidos en esa reunión tienen efectos a mediano y largo plazos, como el añejo reclamo de mejor redistribución del ingreso, auxilio a sectores vulnerables o excluidos, en especial a los segmentos juventud y mujer.

El presidente Fernández ofreció un recetario de corto plazo que de aplicarse podría ayudar a disminuir  la preocupante incidencia de crímenes y delitos, entre los que mencionó la modificación del Código Penal, de la ley antidroga y  la creación en Santiago  de las extensiones  de Inteligencia Operativa y de Investigaciones de Lavado de Activos,  así como  prohibir el uso de celulares en las cárceles.

La crítica vertida  por el mandatario por la facilidad  con la que  jueces  ponen en libertad a implicados en hechos de sangre, parece ser el punto nodal o nudo gordiano en la lucha que toda la sociedad intenta  acometer contra la violencia y delincuencia.

Un dato  espeluznante presentado por el presidente Fernández se refiera a que muy pocos, de más de 23 mil sometimientos por uso, consumo y tráfico de drogas, han resultado en condenas penales o privación de libertad por vía de medidas de coerción.

Tiene razón el  jefe de Estado al  señalar que  en materia de delincuencia  se produce un reciclaje entre los delincuentes, que entran y salen  del sistema judicial para mantener una  sostenida  actividad criminal, al punto que la mayoría de los procesados posee  entre  diez y 15 expedientes previos por robo agravado,  asesinato, sicariato, tráfico de drogas, violaciones y otros crímenes violentos.

Es verdad del tamaño de una montaña que la justicia actúa con  preocupante lenidad ante la mayoría de  expedientes  criminales puestos a consideración de jueces  del ámbito preliminar, de tribunales y cortes. La mayoría de los delincuentes visita las cárceles como turistas de fin de semana.

El Nacional

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