La asamblea que encabezó el presidente Leonel Fernández con representantes de la sociedad de Santiago para identificar alternativas de freno y prevención de la criminalidad debería convertirse en el mejor referente de cómo un conglomerado puede y debe aunar esfuerzos para combatir y erradicar un flagelo que lo agobia.
En ese encuentro, celebrado el sábado en el auditorio de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (Pucamaima), un auditorio multisectorial pudo levantar un diagnóstico de las causas que motivan el inusitado auge de la violencia y delincuencia en la Ciudad Corazón, el Cibao y toda la geografía nacional, a la vez de exponer alternativas de soluciones o alivio a tan lacerante mal.
Muchos de los remedios ofrecidos en esa reunión tienen efectos a mediano y largo plazos, como el añejo reclamo de mejor redistribución del ingreso, auxilio a sectores vulnerables o excluidos, en especial a los segmentos juventud y mujer.
El presidente Fernández ofreció un recetario de corto plazo que de aplicarse podría ayudar a disminuir la preocupante incidencia de crímenes y delitos, entre los que mencionó la modificación del Código Penal, de la ley antidroga y la creación en Santiago de las extensiones de Inteligencia Operativa y de Investigaciones de Lavado de Activos, así como prohibir el uso de celulares en las cárceles.
La crítica vertida por el mandatario por la facilidad con la que jueces ponen en libertad a implicados en hechos de sangre, parece ser el punto nodal o nudo gordiano en la lucha que toda la sociedad intenta acometer contra la violencia y delincuencia.
Un dato espeluznante presentado por el presidente Fernández se refiera a que muy pocos, de más de 23 mil sometimientos por uso, consumo y tráfico de drogas, han resultado en condenas penales o privación de libertad por vía de medidas de coerción.
Tiene razón el jefe de Estado al señalar que en materia de delincuencia se produce un reciclaje entre los delincuentes, que entran y salen del sistema judicial para mantener una sostenida actividad criminal, al punto que la mayoría de los procesados posee entre diez y 15 expedientes previos por robo agravado, asesinato, sicariato, tráfico de drogas, violaciones y otros crímenes violentos.
Es verdad del tamaño de una montaña que la justicia actúa con preocupante lenidad ante la mayoría de expedientes criminales puestos a consideración de jueces del ámbito preliminar, de tribunales y cortes. La mayoría de los delincuentes visita las cárceles como turistas de fin de semana.
