Lesivo

En 2008, la multinacional canadiense Barrick Gold pidió al Gobierno dominicano modificar el contrato para extracción de oro de la mina Pueblo Viejo, bajo el argumento de que la crisis  económica que se desató ese año y los bajos precios  del metal afectaban negativamente la inversión y  ejecución de ese proyecto.

Fue así que Barrick logró que se consignara  elevar su tasa  interna de retorno a un diez por ciento y que se retrasara las cláusulas referidas  a la aplicación del 25 por ciento de impuesto sobre la renta y  el 27% de las utilidades en favor del Estado, que apenas percibiría  el 3% por  permiso de explotación.

En esa oportunidad la empresa  arguyó que  por  el crack financiero internacional,  hubo un retiro de los bancos que financiarían la operación, razón por la  cual tendrían que  acudir a los Eximbank de Estados Unidos y Canadá y a sus propias líneas de crédito. También se refirió a la baja cotización del oro en los mercados internacionales.

Tales justificaciones fueron acogidas como buenas y válidas por Gobierno y Congreso, por lo que el contrato fue modificado de acuerdo a los requerimientos de la Barrick y en razón de que la economía  dominicana requería de la inversión prevista de más de tres mil millones de dólares.

Resulta que cinco años después la banca estadounidense se ha recuperado y  el precio del oro supera los US$1,700 la onza, con perspectivas  admitida por esa empresa de que  se eleve por encima de los dos mil dólares, por lo que  es de justicia  que Barrick Gold acepte modificar ese contrato de conformidad con la nueva realidad.

En menos de tres años,  esa multinacional  recuperaría  su inversión calculada en unos US$4,000 millones, lo que indica que por más de 20 años de operación prevista de la mina tendría  ganancias absolutas por más de 40 mil millones de dólares.

El Estado, en cambio, tendrá que conformarse por los próximos tres años, a  menos de 300 millones de dólares anuales, y ni  siquiera obtener beneficio por vía del Itebis (18%) ni ningún otro gravamen a importación o bienes y servicios usados en el proyecto.

Por todo lo antes expuesto y reservas de muchas cosas más, el Gobierno está compelido a reclamar al menos una modificación  de ese  acuerdo que hoy  aflora como lesivo al interés nacional, en razón de que, literalmente, obliga a canjear oro por espejitos.