La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura, un proyecto de ley que busca regular las relaciones entre los propietarios e inquilinos, y traza nuevas pautas al procedimiento de la demanda en desalojo, disponiendo plazos muy perentorios para los jueces decidir el fondo de la rescisión de un contrato, un tiempo fijado en un mes, el cual se ajusta a la facultad atributiva de los juzgados de paz de conocer los procesos sumarios.
La prerrogativa del propietario de embargar los muebles de deudor está contemplada en la pieza, aunque el artículo 829 del Código de Procedimiento Civil prescribe esa facultad al acreedor los ajuares del inquilino por falta de pagos, una acción necesaria y justa, pues no necesita de intervención judicial, ya que de trata de un embargo conservatorio que se homologa con la sentencia desalojo, cuando se falle el fondo del proceso.
En materia de desalojo, contamos con el decreto 4807, varios artículos del Código Civil sobre alquiler y arrendamientos que sólo se refieren a los plazos para demandar, y el Código de Procedimiento Civil en el texto citado, por lo que la pieza legislativa que cursa en la cámara baja es una necesidad urgente, dado que muchos inquilinos se creen propietarios de los inmuebles y luchan, a través de sus abogados, para impedir un desalojo, presentando incidentes en todas las instancias, llegando apoderar al Tribunal Constitucional que es líder en mora, aunque no pertenece al Poder Judicial, donde muchos tribunales tienen largos retrasos para evacuar sentencias, a excepción de algunos que están libres de retrasos, en cumplimiento de la ley.
El diputado Alfredo Pacheco se anota un aportevalioso con esta iniciativa que busca terminar con los abusos de los inquilinos, que se resisten abandonar el inmueble, no obstante, tener años sin cumplir con sus obligaciones contractuales, llegando a lesionar el derecho de propiedad, protegido por el artículo 51 de la Constitución de la República.
Los propietarios de casas y apartamentos son renuentes a suscribir acuerdos con abogados y periodistas, toda vez que hay profesionales de ambas ramas que dificultan el logro de una sentencia de desalojo.
