La solución al grave problema de tránsito y seguridad ciudadana que representan miles de motoristas que transitan desprovistos de documentos y casco protector parece no interesar a sectores influyentes de la sociedad ni a propios infractores, quienes pretenden confundir el reclamo de cumplimiento de la ley con un estado generalizado de represión policial.

Las estadísticas son recurrentes en apuntar que en la mayoría de las muertes en accidentes de tránsito se involucran motocicletas y que un gran porcentaje de atracos, robos, homicidios y tráfico de drogas son perpetrados por individuos que usan para sus fechorías este tipo de vehículo.

Se reconoce que el motoconcho ha devenido en un sistema de transporte que moviliza a una gran masa de pasajeros y que sirve de sustento a millares de familias, aunque este detalle no constituye patente de corso para violar la ley.

El simple reclamo por parte de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) para que al menos los conductores de motocicletas se provean de casco protector ha desatado los mil demonios y causado incidentes entre motoristas y autoridades.

En ciudades como Taipéi y Seúl, se desplazan millones de motocicletas, y tanto el conductor como su acompañante viajan provistos de casco protector y con la documentación requerida, sin violentar señales de tránsito.

Aquí se enhiesta la bandera del padre de familia para imponer un estado de anarquía y caos en el tránsito y alentar que desde motocicletas sin placa, matrículas ni nada, se cometan asesinatos y otros crímenes violentos, como el caso en Boca Chica del joven asesinado por un individuo que se negó a pagar el importe de una apuesta en una carrera de motos.

Aunque es válido reclamar que no incurran en exceso, a las autoridades no se les debe amarrar de pies y manos para impedirles que velen por el cumplimiento de la ley de tránsito, violada de manera sistemática por motoristas, conductores del concho, guagüeros, camioneros, patanistas, tricicleros y hasta por conductores de carretas tiradas por caballos.

En vez de intentar sacar provecho político o de hacerse los graciosos ante una anarquía generalizada, el liderazgo nacional debería respaldar la cruzada emprendida por Amet para obligar a conductores de motocicletas a proveerse del correspondiente casco protector. En caso contrario, que se proclame ya la ley de la selva.