Ley de naturalización

POR: Hugo A. Ysalguez
dr.hugoysalguez@hotmail.com

En los Estados Unidos, Francia y Canadá, mediante presiones descaradas y descarnadas, han forzado al presidente Danilo Medina articular un proyecto de naturalización que le regalaría la nacionalidad a más de un millón de haitianos ilegales, desconociendo así una sentencia del Tribunal Constitucional que define quiénes son dominicanos.

Tal despropósito constituiría un desacato a la decisión de la alta Corte, y el proyecto de marras violaría preceptos constitucionales y la Ley de Migración que regula el procedimiento para adquirir la ciudadanía. Se recuerda que en el año 2005, la Suprema Corte de Justicia, actuando en atribuciones constitucionales, había definido claramente la adquisición de la nacionalidad.

En el improbable caso que el Congreso Nacional, apruebe un proyecto que le otorgaría la nacionalidad a los nacionales indocumentados del vecino país, devendría en una ley inconstitucional, cuyo valor jurídico lo juzgaría el TC, y la decisión a evacuar no sería otra que declarar el nuevo estatuto legal como violatorio a la Carta Magna.

El gobierno no logra entender el alcance del atículo 184 de la Constitución, que señala que las decisiones de la alta Corte son definitivas e irrevocables y constituyen precedentes vinculantes para los poderes públicos y todos los órganos del Estado. El gobierno central no está excluido del alcance de esta disposición.

Es una lástima que juristas españoles de dos universidades de ese país, hayan tenido que defender la sentencia del Tribunal Constitucional y deplorar la campaña de descrédito que han promovido varias entidades como el Caricom y Amnistía Internacional, así como la prejuiciada Comisión Interamericana de los Derechos Humanos.

Resulta penoso, que el gobierno de Medina se haya prosternado frente a intereses foráneos que buscan lesionar la soberanía nacional. Hay que descontinuar la práctica deleznable de seguir con actos de genuflexión.