Una reforma integral de la Ley 87-01 para garantizar derechos y elevar la cobertura de la protección social sería la mejor forma de celebrar los 25 años de la promulgación de la Ley que creó el Sistema Dominicano de Seguridad Social

La decisión del presidente Luis Abinader, ampliamente respaldada por el Consejo de Ministros extendido, de priorizar y articular los proyectos estratégicos de mayor impacto social, abre una nueva oportunidad de avanzar en la ejecución de reformas y proyectos de mayor demanda de la población.

Durante la actividad el presidente Abinader presentó las diez metas priorizadas enfocadas en resultados e insistió en el seguimiento al trabajo para ofrecer respuestas seguras, confiables y contundentes, que impacten de manera positiva en la población, mediante procesos transparentes y el manejo pulcro de los recursos.

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Al final de la jornada, las instituciones asumieron compromisos claros y obligatorios de la ejecución plena de las iniciativas ejecutadas con criterio de eficiencia, obtención de resultados y cercanía con la ciudadanía. Asimismo, se definieron los mecanismos de seguimiento, medición y ajuste para evaluar el avance de cada proyecto durante el 2026.

Se priorizaron acciones en infraestructura y servicios básicos, y en el abastecimiento de agua potable en todas las comunidades, en la erradicación del hambre, en la aprobación de aumentos salariales por encima de la inflación y en la focalización de los programas sociales.

Un cuarto de siglo sin reforma de la seguridad social perpetuando las desigualdades, los privilegios y las ganancias excesivas. Dentro de las 10 metas prioritarias de este año, el Gobierno acordó el fortalecimiento del primer nivel de atención, la reforma de la ley de seguridad social y la política de medicamentos. Además, mejorar la red de hospitales traumatológicos y fortalecer la atención a la salud mental.

La reforma de la Ley de Seguridad Social responde a un reclamo nacional de la gran mayoría de los sectores sociales que demandan mayores garantías de acceso regular y sin cortapisas a los servicios médicos y de salud a los que tienen derecho todos los afiliados.

Si bien el sistema de seguridad social ha logrado una cobertura de salud del 97% de la población total, se bloquea el acceso regular a los servicios de la gran mayoría de la población y en especial de las familias más pobres y vulnerables, con un gasto familiar de bolsillo del 43% del gasto nacional en salud.

El país necesita urgentemente una nueva política nacional de medicamentos que privilegie y promueva los fármacos genéricos de calidad reconocidos por el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social como bioequivalentes. De igual forma, ampliar la cobertura de las medicinas de alto costo para las familias más pobres y vulnerables.