Al jefe de Estado Mayor del Ejército Nacional, mayor general Carlos Rivera Portes, le asiste razón al afirmar que se actúa con ligereza cuando se denuncia que oficiales de esa institución estarían involucrados en narcotráfico sin ofrecer nombres ni presentar evidencias sobre esa supuesta complicidad.

Puede decirse que la queja del general Rivera Portes es válida también para la Fuerza Aérea y la Marina de Guerra, que han de darse por aludidas cada vez que se vincula a militares con el tráfico de drogas, sin que se conozca de ningún caso en el que el denunciante aporte algún dato que permita identificar al supuesto infractor.

No se descarta que el narco haya permeado estamentos de las Fuerzas Armadas, como ha ocurrido en el pasado, pero es injusto montar un festival de denuncias sobre militares sin nombres ni rostros involucrados en ese crimen, porque tales ráfagas de descrédito indiscriminadas manchan uniformes inmaculados, que han sido siempre la mayoría.

Gente con autoridad legal y calidad jurídica ha señalado que el amigo de un amigo le confió que agencias extranjeras han podido identificar a un grupo significativo de oficiales militares que estarían asociados al narcotráfico, pero, como ha sido la constante en ese tipo de denuncia, se menciona el pecado pero no al pecador.

Un asunto tan serio como el involucramiento de miembros de las Fuerzas Armadas en tráfico de drogas, no debería mantenerse en el pantanoso terreno de la especulación, ni dejar entrever que los altares no se remueven por conveniencias políticas.

El Ministerio Público debería emplazar a cualquier funcionario, dirigente político o ciudadano ordinario que alegue tener conocimiento de alguna información, confidencia o evidencia que impliquen a militares de cualquier rango o institución en acciones relacionadas con el narcotráfico o crímenes conexos.

La Fiscalía puede y debe movilizar la acción pública al amparo del simple rumor, más aun si se trata de denuncias que emanan de propias autoridades o de personas físicas que se reputan de responsables. Sólo así se cierra el paso a la ligereza y al desmesurado protagonismo.

Mientras no se mencionen nombres y apellidos, o el Ministerio Publico asuma su obligación de investigar tales denuncias innominadas sobre militares involucrados en narcotráfico, al jefe del Ejército le asiste derecho y razón de reclamar que no embadurne el uniforme de toda la oficialidad.