El gobernador del Banco Central, licenciado Héctor Valdez Albizu, dijo ayer lo que nunca se había dicho en el actual Gobierno, al afirmar que las condiciones fiscales representan un enorme reto y admitir que se requieren dos o tres años para resolver el problema del déficit fiscal, que deberá afrontarse mediante una reforma integral seguramente atada a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Con el uso de un lenguaje técnico como fondo de telón, el gobernador ha reiterado el compromiso oficial de promover recortes en el gasto público, procurar aumentos en los ingresos fiscales sin afectar programas sociales y priorizando el gasto en educación y otros sectores sociales.
Sin emplear esos términos, el licenciado Albizu admite que el tema del déficit fiscal se convierte en problema mayor de la economía que debe afrontar el Gobierno, a pesar de que no pocos funcionarios pretendieron restar mérito a la advertencia de diversos sectores de la nación sobre el excesivo gasto público durante la gestión anterior que elevó ese desbalance fiscal al 3.3% del Producto Interno Bruto (PIB).
Se definen como oportunas las declaraciones del gobernador porque ofrece certidumbre en torno a las iniciativas que encaminaría el Gobierno para desactivar la bomba de tiempo que significa un déficit fiscal equivalente a más del 25 por ciento del ejercicio presupuestal 2012 y por demás aguijoneado por una crisis del sector eléctrico sin precedentes.
Valdez Albizu ha confirmado que el Gobierno acordó con la misión del FMI iniciar en firme conversaciones para un nuevo acuerdo, el cual sería suscrito a la mayor brevedad posible, lo que sin dudas representa una nota de alivio para los agentes económicos y una buena señal para los mercados financieros internacionales.
La expresión del gobernador, de que las actuales condiciones fiscales representan un enorme reto para todos, no debería ser objeto de distorsión por litorales públicos y del sector privado que desde ya procuran arrimar la carga de los sacrificios sobre hombros de clase media y sectores de menores ingresos.
Es por eso que se reclama que el diseño y ejecución del Programa Económico en el que trabajan autoridades monetarias y financieras, ahora con el monitoreo del FMI, además de corregir las principales vulnerabilidades de la economía, represente una iniciativa que garantice justicia y equidad.
El gobernador Valdez Albizu dijo ayer lo que parecía vedado a funcionarios del área económica, como la admisión de que el déficit fiscal representa un problema mayor y que todas las alternativas de solución a la crisis económica conducen a un acuerdo con el FMI que a su vez derive en un pacto fiscal y un abordaje mayor a la catástrofe eléctrica. Más claro, ni el agua.

