Asediado por una vorágine de denuncias sobre casos de corrupción gubernamental, el presidente Leonel Fernández solicitó hace más de un año a gobiernos, organismos internacionales, ministerios e instituciones de la sociedad, elaborar propuestas para reducir las posibilidades de peculado y mejorar la institucionalidad. El mandatario tiene hoy en sus manos treinta formas diferentes de afrontar el dolo o prevaricación en la administración pública.

No serían muchos los precedentes de gestiones como las encaminadas por representantes de Estados Unidos, Canadá, España, Unión Europea, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización de Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) y Organización Panamericana de la Salud (OPS), para contribuir a levantar un valladar contra la corrupción.

El representante del Banco Mundial, Roy Senderowitsch, dijo en el mismo Palacio Nacional que ya el mandatario recibió el conjunto de propuestas para prevenir y afrontar toda forma de peculado, en cuya elaboración participaron funcionarios del Gobierno y entidades de la sociedad civil.

Lo que se entregó al jefe de Estado ha sido resultado de una ardua labor de técnicos extranjeros y locales, que han debido escudriñar legislaciones y experiencias foráneas sobre sanidad administrativa y fortalecimiento institucional, por lo que puede decirse que esa valiosa documentación debe ser el antídoto que se requiere para anular tanto veneno de corrupción inoculado a la anatomía del Estado y del Gobierno.

Para atender el pedido presidencial de consensuar fórmulas que disminuyan la prevaricación y el peculado, fue necesario integrar diez mesas de trabajo, que incluyeron los temas de salud, infraestructuras, contrataciones, servicio civil, gestión financiera, acceso a la información, educación, energía, agua y organismos de control.

Ese catálogo de decencia, control y racionalidad e institucionalidad debería de aplicarse de inmediato, máxime si fue redactado a solicitud del Presidente, muy acostumbrado a fórmulas novedosas de preferible factura extranjera.

Conviene resaltar que el ordenamiento jurídico y administrativo nacional contiene todas las prevenciones, regulaciones y sanciones referidas a los crímenes y delitos contra el erario, así como legislaciones de última generación relacionadas con la consolidación de la institucionalidad.

El legajo de propuestas entregado al Presidente, constituye un aporte excepcional al anhelo colectivo de frenar la corrupción, aunque de nada serviría sin garantía de que esta vez el mandatario emitirá una clara señal de que su Gobierno posee firme voluntad política de sujetar el toro por los cuernos.