Santo Domingo.– El Ministerio Público presentó este domingo el conjunto de delitos que se imputan a los involucrados en el presunto fraude millonario contra el Seguro Nacional de Salud (Senasa), una estructura que, según las autoridades, operó durante más de cuatro años desviando fondos destinados a la atención médica de miles de afiliados.
Entre los cargos formulados figuran coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores, cobro de soborno, estafa contra el Estado dominicano, desfalco, falsificación, uso de documentos falsos y lavado de activos, todos vinculados a un esquema de corrupción que habría funcionado desde la propia administración de la ARS estatal, con el apoyo de funcionarios y prestadores de servicios.
El Ministerio Público indicó que las evidencias recopiladas muestran sobornos a gran escala, adulteración de estados financieros, programas sin sustento legal utilizados para distraer recursos y maniobras fraudulentas sistemáticas, que afectaron directamente el presupuesto destinado a servicios de salud.
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La procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, declaró que el órgano persecutor trabaja para que quienes atentaron contra el derecho constitucional a la salud enfrenten la justicia y devuelvan al Estado cada peso sustraído.
Responsabilidad penal y daño al sistema de salud
“El Ministerio Público reitera su compromiso inquebrantable de luchar contra la corrupción. Aquellos que han afectado especialmente a los más necesitados tendrán que responder por sus hechos criminales”, afirmó Reynoso, recordando que Senasa es un patrimonio colectivo cuyos fondos pertenecen a toda la población.
La jefa del Ministerio Público señaló que se están realizando los esfuerzos necesarios para garantizar tanto las sanciones penales como la recuperación del dinero desviado del sistema de salud pública.
Según las autoridades, la estructura habría operado con la participación conjunta de directivos, empleados y prestadores privados, quienes presuntamente se beneficiaron del desvío sistemático de recursos.
El caso, que continúa en fase de investigación, podría revelar montos superiores a los ya estimados, según el propio Ministerio Público.
Equipo especializado a cargo de la investigación
La investigación es dirigida por el procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución, y la procuradora de corte Mirna Ortiz, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).
Ambos coordinan un equipo de fiscales expertos en criminalidad organizada, que ha venido realizando allanamientos, entrevistas y análisis de documentos financieros con el fin de robustecer el expediente.
Las autoridades reiteraron que el proceso continuará avanzando hasta establecer todas las responsabilidades penales y lograr la recuperación de los recursos públicos presuntamente sustraídos.
El Ministerio Público aseguró que más personas y empresas permanecen bajo investigación y podrían ser judicializadas conforme avancen las indagatorias.
Por el caso ya son ocho las personas arrestadas por el Ministerio Público, encabezadas por el exdirector del Senasa, Santiago Hazim, en la investigación del presunto fraude millonario que supera los 12 mil millones de pesos.

