La magnitud y complejidad del fraude en Senasa, que el Ministerio Público ha calculado en más de 15 mil millones de pesos, va más allá de la estructura que por ahora conforman los 10 detenidos con relación a la operación. Con la tradicional espectacularidad que la ha caracterizado, la Pepca (Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa) ya anunció que se pondrá en marcha una segunda fase de la “Operación Cobra 2.0” para arrestar a otros involucrados en el escándalo.

Los antecedentes de algunos casos, sin necesidad de remontarse al fiasco de los sobornos de Odebrecht para sobrevalorar obras, no dejan de generar reservas sobre el alcance de las pesquisas.

Cuando se inició la investigación del escándalo Antipulpo, la entonces directora de la Pepca y hoy procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, declaró que había un pulpo superior a los hermanos del expresidente Danilo Medina, los exfuncionarios y los demás vinculados al supuesto desfalco por más de cinco mil millones de pesos. E incluso la magistrada le dijo a Fernando Rosa, uno de los imputados, que de él se encargaba ella porque los dos eran de Santiago. A la fecha el pulpo mayor nunca ha aparecido y Rosa fue descargado por falta de pruebas.

Sobre la base de que habían admitido su responsabilidad y acordaron cooperar, generó confusión que la Pepca solicitara prisión domiciliaria para los encartados Eduardo Read Estrella, Cinty Acosta Sención y Heidi Mariela Pineda Perdomo y 18 meses de cárcel para el exdirector de Senasa, Santiago Hazim, y otros seis acusados. Rápidamente se aclaró que no se había llegado a acuerdo con ninguno de los imputados, con todo y que el privilegio salta a la vista, en tanto se especula sobre vínculos familiares, empresariales y políticos que desafían la capacidad e independencia del Ministerio Público en la investigación. Hay quienes sostienen incluso que antes que líder, Hazim fue un rehén de una red que incluiría a médicos, laboratorios, farmacias y aseguradoras.

El director de la Pepca, Wilson Camacho, hizo recordar al exprocurador Jean Alain Rodríguez cuando calificó de histórica la coerción impuesta por el juez Rigoberto Sena a Hazim y otros seis imputados. Camacho dijo que el magistrado tomó en cuenta, en primer lugar, la gravedad de los hechos, que en realidad no se pueden negar; en segundo, la contundente investigación, la cual, como en otros casos, está por verse; y tercero, la colaboración por tres de los encartados.

Más que por los codos los jueces (y el Ministerio Público lo es de la querella) deben hablar más por sentencias con las pruebas para espantar las dudas y evitar fiascos que dejan tanto que desear.