La magistrada Altagracia Ramírez, del Cuarto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, ha ofrecido una alentadora demostración de que está decidida a asumir su responsabilidad en el proceso preliminar contra tres exministros, un exsenador y otros imputados en la denominada operación Calamar.

Tras múltiples reenvíos que han prolongado los juicios y drenado la confianza de la población en la justicia la magistrada ordenó verificar el estado de salud del exsenador Rafael Calderón, quien presentó una licencia médica por 30 días.

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La jueza consideró que un mes de licencia médica es mucho tiempo. Con Calderón están acusados por un supuesto desfalco por más de 19 mil millones de pesos los exministros Gonzalo Castillo, Obras Públicas; Donald Guerrero, Hacienda, y José Ramón Peralta, Administrativo de la Presidencia.

El caso todavía está en la fase preliminar. Pero de confirmarse que las condiciones de salud de Calderón, de 81 años, ameritan la licencia el tribunal tendrá que explorar algún mecanismo para avanzar en el proceso. Los aplazamientos del caso Calamar y otros procesos por tecnicismos, enfermedades o algún otro recurso afectan la imagen del sistema judicial y bajan la nota de la población en los juicios de corrupción.

Toda la bulla que se hizo en principio con los procesos se ha diluido con la lentitud con que se han desarrollado en los tribunales. Más aún con incidentes similares que han caracterizado otros procesos por corrupción que parecen atascados en la justicia.