Ginebra, (EFE).- El caso de María del Sol Cruz Jarquín -comunicadora y funcionaria dedicada a asuntos indígenas que fue asesinada en 2018 en el estado de Oaxaca, en México- ha llegado a las instancias de derechos humanos de la ONU en Ginebra, donde su madre tiene la esperanza de obtener justicia.
En entrevista con EFE, la periodista feminista Soledad Jarquín Edgar, madre de la víctima, confirmó que ha presentado en la ONU una denuncia contra el Estado mexicano por la impunidad que persiste desde hace cuatro años en torno al asesinato de su hija cuando fue enviada a cubrir la campaña electoral del hermano de quien entonces era su jefe en la Secretaria de Asuntos Indígenas de Oaxaca.
En ese ataque también murió una candidata municipal y un conductor.
Jarquín Edgar ha iniciado el trámite para que el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer conozca y se pronuncie sobre el caso de su hija.
Esta instancia tiene la facultad de examinar denuncias individuales y emitir resoluciones que son vinculante en vista de que México ha reconocido su competencia para ello. Igualmente, la activista expuso este lunes el caso en el Consejo de Derechos Humanos, que celebra su 50º periodo de sesiones en Ginebra, con el apoyo de la oenegé Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca y de la Organización Mundial contra la Tortura.
Cerca de 1.500 días han transcurrido desde el hecho criminal “y aún desconocemos quién o quiénes ordenaron y ejecutaron el triple asesinato, y no lo sabemos porque las instituciones públicas responsables no protegieron esas vidas y nos han negado justicia”, relató Jarquín Edgar.
Agrega que ante la inacción de la Fiscalía de Oaxaca se pidió hasta cuatro veces a la Fiscalía General de México que tomara las riendas de las investigaciones, a lo que se negó, como también se rechazó hasta hace poco considerar el caso como un femicidio.
Según Jarquín “hay una decisión política de evitar hablar de feminicidios” en México por la mala imagen que este fenómeno está dando al país.
No obstante, las irregularidades van mucho más allá, agrega, ya que “veinte funcionarios públicos, tanto del gobierno del Estado de Oaxaca, como del federal, empezando por el gobernador Alejandro Mural y el presidente Manuel López Obrador, prometieron atender nuestro reclamo”, sin ningún resultado a la vista.
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Jarquín Edgar, quien antes de su drama personal tenía una larga trayectoria como periodista y defensora de los derechos de las mujeres, también denunció otras varias irregularidades que indicarían un interés particular por encubrir este caso, como “el saqueo del expediente y el robo de pruebas”, además de “prácticas de corrupción”.
“Hay testigos que no reconocen sus firmas, pruebas que faltan, como la pericia balística, y evidencias que han sido reemplazadas por otras falsas”, asegura.
La madre de Sol Jarquín espera ahora que el Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer analice la actuación de la Fiscalía de Oaxaca y los interés detrás de los esfuerzos para que no se conozca la verdad.
“Agotamos recursos y tocamos a todas las puertas en México y durante cuatro años se nos ha negado de manera sistemática la justicia, así que en Oaxaca y México ya no tenemos nada que hacer”, manifestó.
