El endeudamiento público no es ni bueno ni malo, porque según su propósito puede ser provechoso o perjudicial, para lo cual se requiere la garantía de que el destino de la deuda contratada sea siempre redituable, a costo razonable y que se corresponda con la planificación del Presupuesto General del Estado.

Ese principio de gestión pública no podría aplicarse al pie de la letra durante un periodo de emergencia sanitaria y de crisis financiera como el que aflige a la economía dominicana, cuyos indicadores básicos han sido severamente dañados por afectación de la pandemia.

Los ingresos por inversión extrajera directa y exportaciones se redujeron en más de siete mil millones de dólares, lo que unido al derrumbe del sector turismo, agrava el déficit de cuenta corriente de la balanza de pagos, es decir la relación negativa entre las divisas que ingresan o salen de la economía.

El déficit fiscal, (relación negativa entre los ingresos fiscales y el gasto público) cuya meta estimada para este año era de 1.7% del Producto Interno Bruto (PIB), cerraría en 2020 cercano al 8%, el más alto en los últimos 30 años, incluidos los aciagos periodos de crisis de 1989-90, 2002-04 y 2008-10.

Como consecuencia de la pandemia, la presión fiscal (ingresos tributarios en proporción al PIB), se redujo considerablemente, en contraste con el notable incremento del gasto público para financiar al sector salud y las transferencias económicas a trabajadores suspendidos y familias vulnerables.

En ese angustioso marco de crisis económica debería evaluarse la decisión del Gobierno de colocar bonos soberanos por US$3,800 millones en los mercados financieros internacionales, lo que no debería ser motivo de jolgorio ni de misa de sanación, sino asumirse como un mal necesario.

El servicio de la deuda externa comprometería el 30 % del Presupuesto General del Estado para 2021, lo que obligaría a monitorear muy de cerca las políticas de reducción y calidad de gasto público, a la par con los esfuerzos por retornar a la nueva normalidad.

Se recibe con alta dosis de comprensión la colocación de esos bonos soberanos por US$3,800 millones, dinero que sería utilizado en financiar el combate al coronavirus y cubrir hasta diciembre los subsidios a trabajadores suspendidos y programas sociales. Se recomienda, empero, no exhibir fuegos artificiales por ese logro.