El proyecto de ley que modifica el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) ha desatado, por su repercusión, una marejada en el sector. Sin embargo, el diálogo que ha convocado el director de la entidad representa un puente, siempre que sea sincero y no un mero protocolo, para rebajar las tensiones y explorar una fórmula para que las aguas vuelvan a sus niveles.

La preocupación sobre el impacto de la pieza tanto en el sector de la aeronáutica como en la propia economía externada por la Asociación de Hoteles de Turismo (Asonahores), de Controladores Aéreos, pilotos, técnicos y otros es digna de tomar en cuenta en cualquier discusión en procura de una salida consensuada. Máxime tratándose de los entes que inciden en el negocio y el desarrollo de la aviación civil.

Que las cosas hayan funcionado a partir de la ley que creó el IDAC no significa que no se puedan mejorar en virtud de nuevos instrumentos. Pero conforme a las observaciones de diferentes sectores la modificación de la ley, antes que un adelanto, representa un retroceso, que retrotrae incluso a los tiempos en que la categoría aérea de República Dominicana era negativa.

Los controladores aéreos han advertido, por de pronto, que de aprobarse el proyecto tal y como fue sometido se alejan las posibilidades de una línea de capital nacional, toda vez que las compañías extranjeras podrán instalarse con el 100 por ciento de sus capitales y recursos humanos. Y Asonahores significó como perjudicial para el sector que la pieza suprima en más de un 50% las atribuciones de la Junta de Aviación Civil (JAC).

El vuelo alcanzado por la aviación civil no se puede interrumpir con iniciativas que puedan perjudicar el interés nacional. Los detalles sacados a relucir por la marejada sugieren el mayor comedimiento tanto para preservar, como para afianzar los logros de una industria vital para sectores como el turismo y, por ende, para la economía.

Si la JAC ha cumplido con su misión de establecer la política y regular los aspectos económicos del transporte aéreo esa función no puede relegarse a un plano secundario como sería la de asesora del Poder Ejecutivo en materia de transporte aéreo local. Los alegatos del sector turismo merecen por lo menos ponderarse.

En un área tan sensible no se puede inventar, improvisar ni imponer decisiones que en lugar de beneficios puedan traer problemas. Pero como el director del IDAC dijo estar abierto al diálogo sobre el proyecto en cuestión se espera que las partes puedan arribar a un consenso en que prevalezca tanto el interés nacional como la sensatez.