La pestilencia que emana del sistema judicial no puede ser más nauseabunda. ¿Cómo se puede hablar de seguridad jurídica cuando todo el sistema ha quedado al desnudo con los escándalos, apenas una muestra, que han salido a relucir tras la renuencia del procurador general de la República, Francisco Domínguez Brito, para apelar, bajo el alegato de que no creía en la Justicia, la sentencia que eximía al senador Félix Bautista de ser procesado por supuesto enriquecimiento ilícito, lavado de activos y otros cargos? Sin embargo, ese Domínguez Brito que de antemano calificó como una causa perdida seguir con el juicio contra el secretario de organización del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), varió su posición al solicitar que se investigue a cinco jueces y un exjuez por supuesta prevaricación.

Los cuestionamientos al Poder Judicial no son nuevos. A raíz del proceso contra el exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, la fiscal del Distrito Nacional, Yeni Berenice Reynoso, denunció que la juez interina Margarita Cristo Cristo había sido designada con el propósito de fallar en favor del exfuncionario. E incluso citó la oficina, la misma que ha vuelto a bailar en los actuales escándalos, donde hasta se había redactado la sentencia para beneficiar a Díaz Rúa. Antes que abrir una investigación para establecer la verdad, se optó por un arreglo y se apostó al olvido. Pero el actual conflicto, por sus múltiples implicaciones, es todavía más grave. No podrá cerrarse sin desinfectar el sistema.

La liberación del regidor Erickson de los Santos Solís, (PRD-Pedro Brand), que ha sido la gota que colmó la copa, no es más que un elemento de la podredumbre que ha brotado dentro del sistema judicial. La cadena de casos relacionados con sentencias mostrencas es tan extensa, que se necesita una investigación, además de profunda, responsable.

Es inconcebible que las autoridades no se percataran de ese comercio tan vulgar que, de acuerdo con las denuncias, permeaba el orden judicial. Y las revelaciones no la han hecho otros, sino los propios jueces que han sido imputados por supuesta prevaricación.

Si antes la gente no confiaba en la justicia, ahora mucho menos. No solo la independencia ha quedado relegada en los casos que involucran a dirigentes políticos, sino que el sistema ha estado infectado por la corrupción, a través de la venta de sentencias, tráfico de influencias y hasta en la misma violación de las leyes por los propios jueces.

Las sospechas que giran en torno al procurador general de la República y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, a quienes se considera más representantes de intereses políticos que del sistema institucional, los descalifica, por más íntegros que sean, para liderar el proceso de saneamiento que hoy demanda con urgencia el Poder Judicial.