Santo Domingo.- Inició en el Juzgado de Atención Permanente del Distrito Nacional el conocimiento de la solicitud de medida de coerción contra diez personas implicadas en una presunta red de corrupción administrativa integrada por militares y civiles, que se habría beneficiado con la contratación y mantenimiento de contratos de seguridad privada en instituciones públicas.
El juez Rigoberto Sena continúa escuchando los argumentos del Ministerio Público, que presentó cargos contra el mayor general retirado del Ejército, Carlos Ambrosio Robles Díaz y los coroneles Andrés Pacheco Varela, Luis Ernesto Vicioso Bocio, Francisco Guarín Fernández y Elías Camaño Pérez.
También figuran como imputados el coronel de la Fuerza Aérea, Yorbyn Eduardo Eufracio Aybar, el primer teniente del Ejército Wellington Peralta Santos, el empresario Quilvio Bienvenido Rodríguez González, el coronel de la Policía Ramón Quezada Ortiz y el civil Bolívar Nicolás Fernández Espinal.
También te puede interesar:
La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), encabezada por la procuradora adjunta Mirna Ortiz, está a cargo del expediente y lidera el equipo de fiscales que depositó la solicitud de medidas cautelares.