La Cámara de Cuentas es un órgano constitucional a cargo del control fiscal de los recursos públicos, procesos administrativos y del patrimonio del Estado, por lo que el allanamiento ayer a sus instalaciones por 23 fiscales y 150 policías constituye un hecho sin precedentes, que abre un debate sobre la legalidad de esa intervención.

Durante más de diez horas, la batería de fiscales encabezada por Wilson Camacho, director de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Peca), revisó todas las oficinas de esa dependencia, incluidas las de su presidente y miembros titulares.

Conforme al artículo 248 de la Carta Magna, la Cámara de Cuentas queda integrada por cinco miembros elegidos por el Senado de ternas presentadas por la Cámara de Diputados, por un periodo de cuatro años, entre cuyas funciones figura también la de auditar el Presupuesto General del Estado.

El magistrado Camacho dijo que durante el allanamiento fueron encontrados miles de documentos y evidencias de sospechas que tenía el Ministerio Público de labores de maquillar auditorías para favorecer a instituciones y personas que las dirigían, lo que hace pensar que entre los imputados figuran miembros del Pleno, funcionarios y empleados.

Nunca antes una institución pública, con rango constitucional, había sido objeto de un allanamiento en el que intervinieron 23 fiscales y 150 policías, incluidos miembros del escuadrón Swat, que se prolongó por más de diez horas, tras el cual el Ministerio Público reveló la incautación de un lote de papeles.

Lo que se discute ahora es si con ese espectacular proceder se incurrió en una violación a la Constitución por tratarse la Cámara de Cuentas de un órgano que tiene a su cargo la fiscalización de las cuentas nacionales, aunque el allanamiento fue autorizado por la jueza de instrucción especial de la Suprema Corte de Justicia.

Los fiscales no han presentado imputaciones formales, aunque investigan a miembros del Pleno y funcionarios de la Cámara de Cuentas sobre delitos relacionados con prevaricación, coalición de funcionarios, falsificación de documentos públicos, obstrucción de la justicia y complicidad en lavado de activos, lo que ofrece la impresión de que el allanamiento de ayer involucró a esa institución de manera global.

Sin desmedro de las posibles pruebas recabadas, se hace indispensable esclarecer a la luz del derecho constitucional si el Ministerio Público tiene autoridad suficiente para intervenir la sede de un poder alterno del Estado, como sin dudas lo es la Cámara de Cuentas.