El presidente Luis Abinader está compelido antes de que concluya el año a arribar a un acuerdo con el pleno de la Junta Central Electoral (JCE) que garantice por vía administrativa o congresual aumentar la partida presupuestal que requiere esa institución para organizar en 2023 las elecciones de 2024.

No hay forma de justificar que en un año preelectoral se consigne a la JCE un presupuesto de apenas RD$8,000 millones, diez mil millones menos que lo solicitado, aunque esa ha sido una conducta reiterada, porque en 2020, el organismo requirió RD$7,400 millones, pero solo recibió RD$3,200 millones.

En el diseño del Presupuesto Nacional se valora a la baja requerimientos de recursos de ministerios y organismos descentralizados, pero no parece lógico que se reduzca en más de un 60 % la partida solicitada por la Junta, más aun cuando en 2023 se organizarán elecciones municipales, legislativas y presidenciales.

Con la pírrica partida que le ha sido asignada, el reclamo de incremento presupuestal se convierte ahora en un llamado de advertencia sobre el riesgo de que la JCE quede impedida de cumplir con el compromiso de organizar elecciones libres, concurridas y transparentes en 2024.

El panorama electoral se torna todavía más incierto porque Gobierno y clase política traban en el Congreso imprescindibles proyectos electorales, como el que propone la modificación de la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, y el referido a la Ley Orgánica del Régimen Electoral.

Román Jáquez Liranzo, presidente de la JCE, ha advertido que la carencia de recursos y una reforma electoral a destiempo “generaría trauma y dificultades”, indeseable escenario al que se arribaría por el camino que se sigue. ¿Acaso se desea repetir la fatalidad de 2020?.

El pedido de más recursos económicos para 2023 y rápida aprobación de proyectos de reforma electoral es justo y necesario, razón por la cual encuentra respaldo de los diversos sectores nacionales, todavía traumado por la abrupta suspensión de las elecciones de 2020.

Corresponde al presidente Abinader despejar esa humareda, lo que puede lograrse con la gestión de un acuerdo razonable que garantice que la JCE reciba el anhelado incremento presupuestal, que puede ser insertado en el Presupuesto Complementario del año entrante o fijado por cualquier vía de ley. Es mejor precaver que lamentar.