La meta principal del Gobierno será siempre la de contener la espiral de contagios del coronavirus, pero inmediatamente después debe ser la reactivación de la economía y del empleo, por lo que las autoridades están compelidas a monitorear los referentes en torno al comportamiento del mercado laboral en América Latina.
Es en este contexto donde debería acogerse con la debida importancia la previsión que han hecho la Comisión de Estudios Económicos para América Latina (Cepal) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT), de que se requerirá de mucho tiempo para que los principales indicadores laborales regresen a niveles previos a la crisis sanitaria.
En un informe sobre Coyuntura Laboral en América Latina y el Caribe, ambas entidades advierten que el retorno al nivel de actividad económica pre-pandemia tomará varios años, “lo que se traducirá en una lenta recuperación del empleo”, tanto así, que si se mantuviera una tasa de crecimiento promedio del producto interno bruto (PIB) regional de 3,0 %, solo se alcanzaría en 2023 el nivel de PIB que existía en 2019.
La tasa promedio mostrada por la región en los últimos diez años ha sido de 1,8 % del PIB, por lo que transcurrirían cinco años antes de retornar el empleo a los niveles del año pasado, pero con la tasa promedio de 0,4 % de los últimos seis años tardaría más de una década.
Es obvio que República Dominicana sustenta una condición más ventajosa que casi todo el concierto de naciones de América Latina y el Caribe para reencarrilarse en el crecimiento y generación de empleos, pero los desafíos son también altamente retadores.
Cepal y OIT afirman que las economías y los mercados laborales del continente fueron golpeados por la pandemia de la covid-19 “de una manera nunca antes vista lo que se ha traducido en la mayor contracción de los últimos 100 años con fuertes costos económicos, laborales, sociales y productivos.”
La afectación del coronavirus sobre la economía dominicana bordea los ribetes de catástrofe, con una caída inicial de un 29 % en proporción al PIB, al inicio de la pandemia y una estimación cercana al 7 % al final de año, con déficit fiscal de un 9 % y un incremento de la deuda sobre el 60 % del PIB.
En términos absolutos la pandemia causó la suspensión de un millón 114 mil trabajadores formales, de los cuales más de la mitad no han recuperado sus puestos de trabajo, por lo que el Gobierno debería asumir al pie de la letra las recomendaciones de la OIT y Cepal sobre formas de abordaje para recuperar la economía y el dinamismo del mercado laboral.