El caso de la mina de Nigua donde murió un obrero durante un derrumbe puede parecerse al de muchas construcciones de edificaciones familiares y comerciales, que, pese a ser cerradas por las autoridades, siguen sus operaciones en abierto desafío a la ley.

Para más similitud resulta que la realidad con que operan minas y obras sale a relucir cuando ocurre una desgracia. Ahora se sabe que la mina de agregados donde murió el obrero había sido clausurada de manera definitiva por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales.

E incluso que la empresa Aremax, que la operaba, había sido sancionada por exceder el área autorizada y por incumplir con los criterios técnicos establecidos en el permiso ambiental.

El desafío de la ley por comerciantes, empresas mineras, de construcción y personas particulares se ha convertido en moneda común. Tal parece que en cada caso la supervisión brilla por su ausencia.

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