La Constitución de la República Dominicana tiene que ser el documento que ordena jurídicamente la sociedad más violada de todos los países del mundo, incluyendo aquellos donde existen regímenes totalitarios.
El presidente, que jura ante Dios y el pueblo, cumplirla y hacerla cumplir, la ignora, viola o pisotea todos los días, sin pagar ninguna consecuencia.
El Gobierno es “esencialmente civil, republicano, democrático y representativo. Se divide en Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
Estos tres poderes son independientes en el ejercicio de sus respectivas funciones. Sus encargados son responsables y no pueden delegar sus atribuciones, las cuales son únicamente las determinadas por esta Constitución”.
Todo es mentira. La Constitución es un simple papel, un enunciado, una plataforma jurídica inservible que se le aplica exclusivamente a los que están desprovistos de poder económico y político. En la práctica tenemos un poder, omnipresente, autocrático, autoritario, abusador y criminal, para el que no existe Constitución, leyes o reglamentos éticos y morales que lo obliguen a comportarse decentemente, legalmente.
El Poder Legislativo, que teóricamente es el Primer Poder del Estado, se muestra subordinado al Ejecutivo en todo momento, sumiso, impotente, incapaz de contradecirlo, de negarse a sus pretensiones políticas contraproducentes, atentatorias incluso contra la nación misma, como hipotecar al país irresponsablemente, por ejemplo.
Es el Ejecutivo quién decide el presupuesto que le será asignado a los demás poderes, lo cual genera una dependencia. La Constitución no existe para el presidente de la República. ¡Y no pasa nada! Por eso no hay instituciones respetables, por eso el Estado es débil y vulnerable; fallido y jodido.
Danilo Medina controla el Congreso y la Justicia. Preside el Consejo Nacional de la Magistratura, lo cual es una contradicción porque asume la jefatura de ese poder que la Constitución dice es independiente de los demás poderes. Pero no conforme con presidir ese Consejo se agencia la mayoría para impedir que se apruebe algo con lo que no esté de acuerdo o no le convenga. El procurador general, que él nombra, es su escudero junto con el consultor jurídico.
De ese modo los jueces tienen que pertenecer a una corte imperial, no pueden ser autónomos, libres, imparciales, sujetos al mandato de la ley, tienen que estar amordazados, hablar sólo por sentencia cuando la sentencia favorezca los intereses del presidente y del grupo que lo acompaña.
