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Multa más baja sube ahora 900%

Multa más baja sube ahora 900%

Con la nueva disposición de la Procuraduría General de la República, la multa más baja por violación al toque de queda ahora subirá 900 %, con relación a al monto anterior.
La PGR había fijado la multa más maja en 1,000 pesos, y ahora será de un salario mínimo, que corresponde a 10 mil pesos.

Al revocar la instrucción general sobre procesamiento y sanciones por incumplimiento del toque de queda, la procuradora general de la República, Miriam Germán Brito, dispuso que los miembros del Ministerio Público deberán procurar que los ciudadanos que violenten las normas sanitarias establecidas en el toque de queda sean sometidos ante el juez de Paz de la jurisdicción correspondiente que conozca asuntos contravencionales.

El Ministerio Público deberá seguir velando porque, con base al ordenamiento jurídico, las multas impuestas al ciudadano jamás excedan de entre uno y diez salarios mínimos, como lo establece la Ley General de Salud Pública, No. 42-01.

La magistrada garantizó a la ciudadanía que jamás el Ministerio Público dejará de cumplir sus funciones y su obligación de perseguir sanciones contra quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades competentes para garantizar la salud pública.

El artículo 153 de la Ley General de Salud estipula sanciones de entre 1 y 10 salarios mínimos (entre RD$10,000 y RD$100,000) para quienes incumplan las medidas adoptadas por las autoridades de salud para prevenir y controlar las enfermedades transmisibles.

“Se consideran violaciones a la presente ley y seran sancionadas con multas que oscilaran entre uno y diez veces el salario mínimo nacional establecido por la autoridad legalmente competente para ello”, expresa la citada normativa legal.

La fijación de montos anteriores obedecía al interés del Ministerio Público de ofrecer una especie de criterio de oportunidad para atenuar la sanción imponible en el caso de conductas que se consideren de menor lesividad, así como un parámetro común para proceder y evitar la discrecionalidad.

La Procuraduría General refuerza su interés en fortalecer el Estado de Derecho y recuerda a la comunidad jurídica y al liderazgo político la necesidad de un debate constructivo que aporte soluciones, sostiene la entidad.

Recordó que al momento de iniciar el estado de emergencia hace un año, República Dominicana, como muchos países, se encontró frente a la necesidad de actuar frente a una pandemia que sorprendió a todo el mundo. Por esa razón, intuye, las normas aplicables a quienes violentan las medidas contra la pandemia.

Domingo Berigüete

Periodista especializado en prensa jurídica y eléctrica